El Gobierno mira con agrado la pretensión de otorgar autonomía y autarquía al Ministerio Público Fiscal y Pupilar mediante una reforma de la Ley Orgánica de Tribunales. “Me parece bien: vamos a evaluar el proyecto”, expresó el gobernador José Alperovich este jueves a propósito del texto que le remitió Edmundo Jiménez, ministro público, y ex ministro de Gobierno y Justicia histórico de esta gestión. El mandatario compartió su parecer en una rueda de prensa tras la reinauguración de la sala Orestes Caviglia.

Si la declaración de Alperovich luego se traduce en un auspicio concreto de la enmienda legal, Jiménez romperá amarras administrativas y financieras con la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) sin pasar por una reforma constitucional. Ello quiere decir que podrá gobernar por sí solo la institución que representa los intereses de la sociedad en la Justicia, y que, con ese fin, ejerce las funciones de acusación y de defensa. La reforma que el ministro diseñó incluye la posibilidad de controlar el manejo de los recursos materiales, y la disciplina de fiscales, de defensores y del personal a su cargo.

La autarquía y autonomía pretendidas por Jiménez se materializan en facultades para preparar y ejecutar el presupuesto; seleccionar y remover al personal; fijar y aplicar sanciones; vigilar la conducta del staff; definir el método de sustitución de defensores y fiscales; informar a la Legislatura sobre el funcionamiento del órgano; crear organismos y contratar; reglamentar los turnos para la distribución de las causas, etc.

El proyecto además pone de manifiesto la voluntad de Jiménez de retener la jefatura sobre los defensores oficiales, intención que va a contramano del cambio que propicia la Corte: la división del Ministerio Público en un órgano para la acusación encabezado por el ministro y en otro para la defensa a cargo de un defensor general seleccionado por concurso. Esta propuesta surgió de la vocalía de Claudia Sbdar y rápidamente recibió el aval de su par Daniel Posse. Luego, Antonio Gandur, presidente de la CSJT, le introdujo algunas variantes y, finalmente, la idea de crear una institución especializada en la defensa recibió el visto bueno de los otros dos miembros del alto tribunal: René Goane y Antonio Estofán.

“No puedo opinar porque no vi la propuesta (del ministro público)”, manifestó Claudia Sbdar ayer en su despacho. La jueza insistió en la necesidad de separar la defensa de la acusación: “se trata de dos funciones contradictorias y, por ende, no pueden coexistir en el mismo órgano”. De una opinión semejante es la comisión de legisladores, jueces, funcionarios del Poder Ejecutivo que desde hace más de un año prepara un anteproyecto de reforma procesal penal.

En agosto y antes de cambiar de oficina, Jiménez había dicho que esa modificación era “escuchable” porque parecía que no resultaba posible acusar y defender al mismo tiempo. Pero su proyecto dice que la actuación del Ministerio Público como defensor no constituye un desdoblamiento ni una contradicción con la función acusadora, ya que los fiscales tampoco deben buscar indiscriminadamente la condena de los ciudadanos inocentes.