BUENOS AIRES.- Un informe de Periodismo Para Todos, el programa de Jorge Lanata, cargó contra el INCAA y la forma de entrega de subsidios para películas. Como pasa en todas las partes del mundo, el Estado impulsa la industria cinematográfica. En Argentina, el INCAA es uno de los promotores centrales y en la última década incrementó su patrimonio nueve veces. Pasó de $66.700.000 en 2003 a 600 millones de pesos este año.

Según Lanata, al mismo tiempo que se incrementarons los fondos del instituto de cine, también creció el reparto a dedo y el mecanismo más utilizado para la entrega de subsidio fue un trámite que se llamó “tercero J”. Era dinero que se entregaba y jamás se devolvía. Pero que debía rendirse y justificarse. Este mecanismo de ayuda directa para producir películas que era excepcional, dejó de serlo. Entre 2003 y 2008, el INCAA repartió 189 subsidios por un monto de 49 millones de pesos.

“Los tercero jota se entregaron a películas que nunca se terminaron o que nunca se hicieron. No se estrenaron en los cines, no aparecen en Internet y no están en ninguna parte”, advirtió el cineasta Julio Raffo.

El juez federal Claudio Bonadío investiga actualmente la distribución de los subsidios a productoras. Por esa causa allanó oficinas del INCAA y secuestró expedientes. Entre la información recabada por la justicia, consta que en sólo un caso se hizo un estudio de evaluación previa de costos y que de los 189 expedientes que se abrieron, solo se rindieron, controlaron, 79. Del total de expedientes iniciados para otorgar subsidios, 189, se conoce que se completaron apenas 68 películas.

La película sobre la vida de Juan Pablo II es un caso insólito de los llamados tercero jota dentro del INCAA. La produjo Conservation Management, de Fernando Sokolowicz, ex propietario de Página/12. Recibió $609.000 del INCAA y jamás rindió los gastos. Tampoco se consigue el DVD de la película en ningún local.

Además, Periodismo para Todos contó ayer que uno de los profesores que trabaja en el Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, que el kirchnerismo creó en 2011, es investigado por la justicia por presuntos vínculos con la última dictadura. Se trata de Mario Casalla, quien está acusado de “marcar” docentes durante la dictadura militar, mientras era secretario académico de la Universidad de Salta, entre 1974 y 1976.