Es viernes por la tarde y un golpeador (hipotético) resulta sorprendido en plena acción. Como consecuencia de ello, el hombre es trasladado a la comisaría correspondiente. Allí, el comisario telefonea a los Tribunales para dar noticia sobre la aprehensión. El empleado le dice: ‘ya no hay nadie, que venga el lunes’. Después de “dormir” tres noches en la comisaría, el hombre se presenta con esposas y escolta en la fiscalía de turno. Allí y si tiene suerte, lo atiende un instructor y le toma una declaración que va a parar al expediente, a veces sin que esté presente el defensor. Cumplido ese trámite, el -todavía supuesto- golpeador regresa a su celda. En el camino, alguien le asegura que, en el peor de los casos, pasará dos años en prisión preventiva.

El “cuentito” refleja una situación quizá paradigmática del mecanismo procesal penal en vigor, según algunos promotores de la modernización del código adoptado en 1991. Esas voces entusiastas, que en la mano tienen el borrador del anteproyecto, aseguran que el cambio que proponen convierte el peregrinaje del primer párrafo en la siguiente historia: “el golpeador imaginario de inmediato va a una audiencia oral y pública donde está el fiscal, el juez y el defensor, sin importar que sea fin de semana. En ese acto, el magistrado escucha a las partes y pregunta al fiscal cuánto tiempo precisa a los efectos de reunir las pruebas necesarias para acusar al imputado. Luego, el juez fija un plazo, por ejemplo de 40 días, y advierte que, si en ese término no aparecen los indicios, el caso cae. Con estas coordenadas, las partes se retiran a sabiendas de cuándo volverán a verse para definir si la causa prosperará o no y de cuánto durará el encierro provisional del acusado”.

Esta serie de nuevas reglas para el proceso penal será presentadas este jueves, en el ámbito de la comisión especial encargada de elevar un anteproyecto de reforma a la Legislatura. Marcelo Caponio, legislador ultraoficialista con licencia y secretario de Gobierno, confirmó que con la entrega de ese documento concluirá su participación en el comité. “La dirección quedará a cargo del legislador Ramiro González Navarro (FpV)”, explicó el presidente del grupo. Dicho comité fue creado el 4 de julio del año pasado, tras el aborto de un plan piloto de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y en él intervienen representantes de los tres poderes del Estado y de la abogacía (ver texto destacado).

El borrador que elaboró una subcomisión aún tiene un larguísimo recorrido por delante antes de convertirse en ley. El texto, que el martes fue entregado a Antonio Gandur, titular de la Corte, primero ha de ser debatido en la comisión. El resultado de ese trabajo será un anteproyecto que a lo mejor reciba tratamiento legislativo o a lo mejor no. La incertidumbre obedece a que, si bien tiene a su favor el hecho de que la Nación discute un proyecto similar con el beneplácito del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Poder Ejecutivo local nunca se mostró entusiasta con el cambio. Entre sus objetores destacados está Edmundo Jiménez, ex ministro de Gobierno y Justicia histórico de esta gestión, y jefe de fiscales y defensores desde agosto (también forma parte del comité ad hoc). Jiménez manifestó que, antes de generar una nueva reforma, hay que aplicar en plenitud el código vigente, que en su momento fue considerado el más vanguardista de América Latina. Ricardo Falú, ex ministro público y coautor de ese digesto, comparte aquella opinión.

En consonancia con esas diferencias están los planes “paralelos” del Gobierno para el fuero penal colapsado, como la ley de marzo de este año que coloca la persecución penal de los dealers en manos de la Justicia local (sin plazo de implementación), y la pretensión de Jiménez y del ministro Jorge Gassenbauer de extender el instituto excepcional de la prisión preventiva a los casos de los arrebatadores que actúan en la vía pública.

Pero aún si la reforma procesal penal “esbozada” en el borrador se convierte en ley, su puesta en marcha tal vez requiera de un par de años. Sucede que, para ello, hacen falta salas de audiencias y de juicio; más jueces y fiscales; cuerpos especializados de investigación; capacitación en todos los niveles (policía, magistratura, personal judicial y abogados), etcétera. La transformación propuesta no sólo suprime el expediente (queda reducido a un legajo) durante la investigación penal preparatoria sino que también modifica el mecanismo de apelación. La puerta para un cambio integral ha quedado abierta aunque aquello parezca tan lejano como un sistema con jueces, fiscales, defensores e imputados que celebren audiencias durante un día sábado.