Pese al proyecto presentado en la Legislatura y a la nota enviada a la Casa de Gobierno, todavía están lejos de ser debatidos en el recinto del cuerpo colegiado los reclamos de las Intendencias de San Miguel de Tucumán -conducida por el amayismo- y de Famaillá -que lidera el massismo-, para que el Gobierno provincial impulse una ley para la refinanciación de las deudas exigibles a los municipios, con un régimen de pago similar al que concedió la Nación a la Provincia.

El presidente subrogante de la Cámara, Regino Amado, le explicó a LA GACETA que, para abordar ese asunto, primero deben esperar las negociaciones entre el equipo del gobernador, José Alperovich, y los jefes de los Departamentos Ejecutivos Municipales (DEM) respecto a los compromisos exigibles a las intendencias en el corto y mediano plazo. “Tengo entendido que cada DEM está presentando ante el Poder Ejecutivo (PE) provincial los respectivos pedidos de determinación de deuda. Hay que ver los números, qué definen, y eso es algo que seguramente harán el ministro de Economía (Jorge Jiménez) y del Interior (Osvaldo Jaldo). Luego, si se resuelve que se necesita una ley para refinanciar los pagos, se analizará”, relató el legislador monterizo.

El 31 de diciembre de 2014 caducó el “Pacto Social”, una normativa que regulaba desde hacía 14 años la relación financiera entre la Provincia y los 19 municipios. El PE garantizaba los pagos de las planillas salariales y de obras, a cambio de que los intendentes cedieran sus recursos de coparticipación federal y provincial. La caída de este régimen abrió dos conflictos. Por un lado, los jefes municipales están negociando con la Casa de Gobierno nuevos convenios, similares al “Pacto Social”, pero estos acuerdos son de carácter individual. Así, mientras algunos rubricaron un acta compromiso para continuar con la cesión de su coparticipación a cambio de los salarios, otros -como el famaillense Enrique Orellana, del Frente Renovador- advirtieron que prefieren cobrar directamente los recursos de origen federa que les corresponden por ley.

Además de la cuestión salarial, los intendentes están dialogando con el PE sobre las deudas exigibles. En diciembre, Alperovich firmó un decreto que revelaba que las obligaciones para con la Provincia alcanzaban un total de $ 2.173 millones. De esos, $ 418 millones corresponden a la Capital, y $ 135 millones a Famaillá.

El legislador amayista Alfredo Toscano, con el acompañamiento del massista José Orellana (hermano mellizo del intendente famaillense), impulsan un proyecto de ley para que la Casa de Gobierno ofrezca un plan de pago de los compromisos en 200 cuotas, como hizo la Nación con la Provincia.

Amado aclaró que el tratamiento de ese asunto “no es tan sencillo”. “Primero se deben poner de acuerdo los intendentes y el Gobierno provincial sobre los montos”, insistió el monterizo. Y aclaró que, por ello, no están dadas las condiciones para convocar a una sesión extraordinaria.