La causa por la estafa de la que fueron víctimas dos investigadores del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) que pagaron $ 220.000 por la compra de un terreno derivó en una pesquisa en la que detuvieron a otros tres imputados que integrarían, según la hipótesis en la que trabajan los investigadores, una asociación ilícita dedicada al fraude en el mercado de bienes raíces.

La causa se inició el mes pasado, cuando dos biólogos denunciaron a la Policía que sospechaban que estaban siendo estafados por dos supuestos vendedores, a los que ya les habían pagado un anticipo ($ 220.000) para la compra de un terreno valuado en $ 320.000. Al darse cuenta del engaño acordaron asistir a una escribanía ubicada en un edificio de Maipú primera cuadra para completar la transacción, en la que iban a entregar el resto del dinero a cambio de la escritura y el plano del terreno que supuestamente habían adquirido. Pero, en realidad, las víctimas habían acordado ir hasta la escribanía para que los uniformados pudieran ubicar a los sospechosos.

En ese operativo detuvieron a una estudiante de Derecho que se hacÍa pasar por escribana y a un matrimonio que se ocupaba de engañar a los clientes. También secuestraron documentación que, sumada a la denuncia de otro damnificado, les permitió a los investigadores dar el siguiente paso en la pesquisa.

Esas medidas judiciales, según se informó, se concretaron durante el fin de semana en propiedades ubicadas en Yerba Buena y en la capital, en donde el personal de la división Delitos Telemáticos y Económicos de la Policía consiguió detener a otros tres involucrados en estas estafas que, al parecer, estarían involucradas varias escribanías y supuestas empresas inmobiliarias. Los allanamientos estuvieron comandados por el oficial Daniel Robles, que está a cargo de la división. Según se informó, en estos operativos se incautaron de $ 40.000, documentación vinculada con la causa, computadoras, teléfonos celulares y notebooks con los registros de las operaciones fraudulentas que supuestamente llevaba adelante esta asociación. De las pericias que se realizarán sobre las pruebas que se incautaron, se espera que surjan más pistas sobre esta banda delictiva.

Hasta ahora la causa tiene a seis imputados detenidos (dos mujeres y cuatro varones) aunque se espera dar con más cómplices de esta organización. Ese será el trabajo que, como ya lo venían haciendo, se les encargará a los oficiales Claudia Romero, Yolanda Alvarez y Héctor Marín que fueron designados para trabajar en esta causa.

Para evitar filtraciones, la Justicia decidió dictar el secreto de sumario, según explicaron las fuentes que fueron consultadas por este diario.