La causa por las presuntas anomalías en la ejecución de obras públicas de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), durante la gestión del ex titular, Miguel Ángel Brito, está en una instancia clave. La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción analiza los planteos de la defensa del ingeniero, imputado por los supuestos delitos de fraude a la administración pública y negociados incompatibles con el cargo que ocupaba.
Por estas horas, los vocales Eudoro Ramón Albo y Liliana Susana Vitar aguardan el dictamen del fiscal de Cámara Alejandro Noguera. Este trámite podría culminar en las próximas semanas, según le dijeron fuentes judiciales a LA GACETA. Así, el tribunal estará prácticamente en condiciones de decir si el expediente de la causa “DAU” queda trunco, con Brito liberado de toda sospecha, o si pasa a un sorteo para que una sala de la Cámara Penal comience a tramitar lo que sería el primer juicio oral y público por presuntos hechos de corrupción en contra un funcionario de la gestión alperovichista.
Los orígenes
Brito es ingeniero, y en su currículum político figura que fue concejal primero y legislador después por Fuerza Republicana, entre los 90 y el 2000. Luego se sumó al alperovichismo. En 2009 asumió como titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. En 2011 fue cuarto en la lista de candidatos que llevó a la Cámara a los alperovichistas Armando Cortalezzi (hoy interventor de la Caja Popular), Guillermo Gassenbauer y Graciela Suárez de Cano (esposa del concejal capitalino Ramón Santiago Cano). Poco después de esos comicios estalló el escándalo.
En agosto de 2012, el Tribunal de Cuentas (TC), integrado por Miguel Chaibén Terraf, Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci, emitió un acuerdo en el que consignaba presuntos sobreprecios en la restauración de la fachada de la Casa de Gobierno. El órgano de control impidió la ejecución de la obra, y a los pocos días de la publicación de LA GACETA, Brito renunció.
El ingeniero se toparía poco después con nuevas objeciones del TC. En 2012, la entonces legisladora radical Silvia Elías de Pérez (hoy es senadora) llevó al fuero penal una denuncia contra Brito. El expediente pasó por las manos de los fiscales Adriana Reinoso Cuello y Washington Navarro Dávila, quienes se excusaron; finalmente, la causa DAU llegó al fiscal Arnoldo Suasnábar, quien también intentó apartares por un supuesto lazo de amistad con el imputado, aunque finalmente se dispuso que avanzara con la pesquisa.
Fue Suasnábar quien, en diciembre de 2013, le tomó declaración indagatoria a Brito, para finalmente, en junio del año pasado, solicitar la elevación a juicio del caso. La jueza de Instrucción Mirta Lenis de Vera coincidió con el procesamiento dispuesto por el fiscal. Pero Arnaldo Ahumada, abogado defensor del ingeniero, planteó la nulidad del trámite ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. Este tribunal está ahora a la espera del dictamen del fiscal Noguera.
“Mi anhelo es que verdaderamente la Justicia escuche nuestros planteos, donde marcamos todas las nulidades del proceso. Ojalá que este sobreseimiento salga pronto, porque todo lo que he trabajado fue por el bien común”, señaló Brito, confiado en su labor.
La pesquisa sin embargo lo ha comprometido, sobre todo luego de la auditoría a su gestión que realizó el Tribunal de Cuentas. En el informe, realizado en 2013, se señalan anomalías en la ejecución de 89 obras públicas (rampas para discapacitados, plazas, trabajos en clubes deportivos, etcétera), sobre más de 400 tareas inspeccionadas por los ingenieros fiscales.
Según el requerimiento de elevación a juicio, Brito “perjudicó evidentemente a la administración pública con sumas millonarias de dinero”. Entre las maniobras que, según el fiscal, perpetró ex director de la DAU, está la contratación de una empresa que sería “fantasma”. Se trata de DC Construcciones, según el informe de Suasnábar. “La misma no posee ni corralón para acopio ni empleados, surgiendo (sic) evidente que sólo se inscribió (en AFIP) para efectuar los trabajos con la DAU”, indicó el fiscal. También le reprochó a Brito el faltante de rampas para discapacitados, la ciclovía del Camino de Sirga -tenía un costo de unos $ 500.000, pero no se ejecutó- y supuestas maniobras para eludir las licitaciones públicas mediante la ley N° 7.960, que permite contrataciones directas para proyectos de hasta $ 150.000 en casos de necesidad y urgencia.
Brito confía en su sobreseimiento, asegura que fue perjudicado por Terraf y Elías de Pérez, y considera que “todo lo hecho tenía el visto bueno del TC”. Si las cosas no salen como el ex titular de la DAU espera, se aproximará al juicio oral y público. Pero la fecha de ese eventual debate es incierta, y no es seguro que se celebre durante este año electoral.