La cuestión de la desigualdad y la redistribución está en el centro del conflicto político. A grandes rasgos, podemos decir que tradicionalmente el conflicto central opone dos vertientes.

Por un lado, la posición liberal de derecha nos dice que sólo las fuerzas de mercado, la iniciativa individual y el crecimiento de la productividad permiten mejorar en el largo plazo los ingresos y las condiciones de vida –en especial, de los menos favorecidos–, y que por lo tanto la acción pública de redistribución, además de ser moderada, debe limitarse a herramientas que interfieran lo menos posible con ese mecanismo virtuoso; por ejemplo, el sistema integrado de retenciones y transferencias (impuesto negativo) de Milton Friedman (1962).

Por otra parte, la posición tradicional de izquierda, heredada de los teóricos socialistas decimonónicos y de la práctica sindical, nos dice que sólo las luchas sociales y políticas pueden aliviar la indigencia de los más necesitados producida por el sistema capitalista, y que la política pública de redistribución, por el contrario, debe llegar hasta la médula del proceso de producción para cuestionar la manera en que las fuerzas de mercado determinan tanto las ganancias apropiadas por los poseedores del capital como las desigualdades entre asalariados, por ejemplo, nacionalizando los medios de producción o fijando escalas salariales, y no debe limitarse a establecer impuestos que financien transferencias fiscales.

En principio, este conflicto derecha/izquierda muestra que los desacuerdos sobre la forma concreta y la oportunidad de una política pública de redistribución no se deben necesariamente a principios contradictorios de justicia social, sino antes bien a análisis contradictorios acerca de los mecanismos económicos y sociales que producen las desigualdades. De hecho, hay cierto consenso en cuanto a varios principios fundamentales de justicia social: si la desigualdad se debe, al menos en parte, a factores que los individuos no controlan, como la desigualdad de las dotaciones iniciales legadas por la familia o la buena fortuna, acerca de lo cual los individuos no son responsables, entonces es justo que el Estado trate de mejorar de la manera más eficaz la suerte de las personas menos favorecidas; es decir, de aquellas que tuvieron que lidiar con los factores no controlables menos propicios. Las teorías modernas de la justicia social expresan esta idea como “regla maximin”: la sociedad justa debe maximizar las mínimas oportunidades y condiciones de vida ofrecidas por el sistema social. Este principio fue introducido formalmente por Serge Christophe Kolm (1971) y John Rawls (1972), pero lo encontramos en formas más o menos explícitas muy anteriores, como la noción tradicional según la cual a todos se les debe garantizar derechos iguales de la manera más extensa, noción ampliamente aceptada en un nivel teórico. El verdadero conflicto se refiere a la manera más eficaz de hacer progresar en verdad las condiciones de vida de los menos favorecidos y a la extensión de los derechos que se pueden conceder a todos, más que a los principios abstractos de justicia social.

Así, sólo un análisis minucioso de los mecanismos socioeconómicos que producen la desigualdad podría otorgar su cuota de verdad a estas dos visiones extremas de la redistribución, y así tal vez sumar un aporte para implementar una redistribución más justa y eficaz. El objetivo de este libro es presentar el estado actual de los conocimientos que permiten avanzar en esta dirección.

El ejemplo de este conflicto izquierda/derecha muestra en especial la importancia de la oposición entre distintos tipos de redistribución, diferentes herramientas de la redistribución. ¿Hay que dejar que el mercado y su sistema de precios operen libremente, y conformarse con redistribuir mediante impuestos o transferencias fiscales? ¿O hay que intentar modificar en forma estructural el modo en que las fuerzas de mercado producen la desigualdad? En el lenguaje de los economistas, esta oposición corresponde a la diferencia entre redistribución pura y redistribución eficaz. La primera se adapta a las situaciones en que el equilibrio de mercado es eficaz,sí, en el sentido de Pareto; es decir, cuando es imposible reorganizar la producción y la asignación de los recursos de manera en que todo el mundo gane, pero a la vez las consideraciones de pura justicia social requieren una redistribución desde los individuos más favorecidos hacia los que lo son menos. La segunda corresponde a las situaciones en que imperfecciones del mercado requieren intervenciones directas en el proceso de producción, que simultáneamente permiten mejorar la eficacia paretiana de la asignación de los recursos y la equidad de su redistribución.

En la práctica del conflicto político contemporáneo, a menudo esta oposición entre redistribución pura y redistribución eficaz se ha confundido con la oposición entre una redistribución de amplitud moderada y una redistribución más ambiciosa. Sin embargo, este tradicional conflicto izquierda/derecha se complicó a lo largo del tiempo; por ejemplo, desde que algunos de la izquierda pregonan la instauración de un “ingreso mínimo ciudadano” (revenu minimum de citoyenneté) asignado a todos y financiado por impuestos, que, sin interferir directamente con el juego del mercado, se diferencia del impuesto negativo de Friedman sólo por su alcance. En términos generales, la cuestión de las herramientas de la redistribución no necesariamente se confunde así con la cuestión del alcance de la redistribución.

PERFIL

Thomas Piketty nació en Clichy (Francia, 1971) y es profesor de Economía en la École d’Économie de París. Es pionero en el estudio de la evolución histórica de las grandes fortunas y de su impacto en el ingreso nacional. Su obra El capital en el siglo XXI ha llevado a repensar la relación entre desarrollo y desigualdad, y a enfatizar el rol de las instituciones políticas y fiscales en la evolución de los ingresos y la distribución de la riqueza.