El 5 de febrero de 1975, la presidenta Estela Martínez de Perón firmó el decreto que ordenó al Ejército iniciar el “Operativo Independencia”. La determinación, puesta en marcha días después durante el gobierno constitucional, desencadenó en Tucumán un violento plan sistemático de exterminio de opositores mediante el terrorismo de estado y con la complicidad de factores de la sociedad, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF). A 40 años de la violenta intervención en la provincia -que se extendió luego al resto del país-, se espera que el megaproceso pueda llegar a juicio oral este año. Se trataría del caso por delitos de lesa humanidad que reúne la mayor cantidad de víctimas: 270 personas contra las que se cometieron cruentos crímenes que van desde privaciones ilegítimas de la libertad hasta homicidios.

La causa
Los expedientes del “Operativo Independencia” están divididos en dos grandes grupos, de acuerdo al detalle del fiscal federal N°2, Pablo Camuña, a cargo de la oficina local de la procuraduría de crímenes contra la humanidad. En el primero, ya son 17 los procesados: Mario Benjamín Menéndez, Jorge Capitán, Alberto Svendsen, Roberto Albornoz, Ricardo Sánchez, Luis De Cándido, César Jodar, Miguel Ángel Moreno, José Luis Figueroa, Pedro Rojas, José Cuestas , Pedro López, Jorge Omar Lazarte, Enrique Del Pino, Carlos Delia Larroca, Néstor Castelli y Francisco Orce. También lo estaban Jorge Rafael Videla y Ernesto Chávez, pero fallecieron. En diciembre, Camuña y el fiscal Leopoldo Peralta Palma pidieron la elevación a juicio, que debe ser resuelta por el juez federal N°1, Daniel Bejas.

En el contexto del segundo, en tanto, a fines del año pasado se ordenaron 22 detenciones en un operativo simultáneo en varias provincias. Más de la mitad de los apresados entonces ya fueron indagados. Se trata de ex miembros de las fuerzas de seguridad que no habían sido sometidos a proceso hasta ese momento, puntualizó Camuña. Una vez que se completen las indagatorias, Bejas definirá sus situaciones procesales. En este conjunto están: Omar Parada, Julio Meroi, Milagro Alberto Balderrama, Juan Carlos Ruda, Raymundo Viltes, Ángel Fassola, Domingo Cruz, Marcelino González, Gustavo Cordero, Medardo Naranjo, Roberto Barboza, Casiano Burtnik, Enrique Avaca, Manuel Vila, Eduardo Pomponio, Julio Bidone, Rolando Rodríguez Argumedo, Enrique Bonifacio, Ernesto Repossi, Santiago Arriazu, Manuel Santos Véliz y Antonio Castelli.

“Desde la procuraduría vamos a solicitar la máxima celeridad para que este segundo tramo tenga un trámite rápido. Corremos a contrarreloj por la edad de las víctimas, de los testigos y de los imputados. Deseamos y haremos lo posible para que pueda llegar este año al TOF. Depende, sin embargo, de los jueces”, concluyó Camuña.

“Impunidad biológica”
 Organismos de defensa de los derechos humanos emitieron un comunicado en el que recordaron la fecha y valoraron los 10 juicios por crímenes del terrorismo de estado que se desarrollaron en la provincia, pero reclamaron más rapidez en los procesos. “Han sido un paso fundamental, pero insuficiente para revertir 40 años de impunidad”, consideraron los miembros del Giget (Grupo de Investigación sobre el Genocidio en Tucumán), de la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán, de Hijos Tucumán y de la secretaría de Derechos Humanos de la CTA de los trabajadores.

“Los condenados son una ínfima proporción de los que participaron en el genocidio y muchos de ellos continúan en funciones en las fuerzas armadas y de seguridad, como el general César Milani. La lentitud en el avance de los juicios se convierte en una nueva forma de impunidad que aleja a los genocidas de la cárcel: la biológica. Muchos mueren sin haber sido indagados ni juzgados”, añadieron. Dedicaron un párrafo a los últimos fallos de Casación que liberaron o enviaron a sus casas a condenados: “los avances en la Justicia se han opacado por nuevas políticas de impunidad. Exigimos cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas”.

De acuerdo con el MPF, el Operativo fue el “acto preparatorio central” del golpe de estado de 1976 y un “ensayo de la metodología represiva”. El despliegue de tropas ocurrió el 8 de febrero. Primero, estuvo a cargo de Adel Edgardo Vilas y luego de Antonio Domingo Bussi.

En esa época, funcionaron en la provincia los primeros centros clandestinos de detención y exterminio. Según las denuncias, fueron al menos 30.