La tercera gestión del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) se propone concluir su mandato en octubre con la designación por concurso de un prosecretario, cuatro encargados mayores y cuatro ayudantes judiciales. En la sesión de ayer, los consejeros aprobaron los regímenes de selección objetiva, que varían en función de la jerarquía del puesto. Ese mecanismo está previsto en el reglamento del CAM fundado en 2009 (inciso “j”, artículo 11), pero hasta fines del año pasado sólo había concursado su cargo la secretaria Sofía Nacul.

El Acuerdo 99/2015, que establece la reglamentación aplicable, lleva la firma de los consejeros Claudia Sbdar (presidenta), Marcela Ruiz, María Raquel Asís, Eudoro Albo, Martín Tello, Rolando Granero, Federico Romano Norri, Graciela Suárez, Antonio Bustamante y Raúl Martínez Aráoz (además, participaron de la sesión Regino Amado y Adriana Najar). La normativa estatuye que sólo podrán aspirar a la prosecretaría quienes acrediten un título de licenciado en Educación o en Ciencias de la Educación con cinco años de antigüedad otorgado por una universidad nacional (ese funcionario será afectado a la Escuela Judicial). El reclutamiento de encargados mayores también estará orientado a incorporar profesionales de diferentes áreas: habrá un concurso para pedagogos; otro para ingenieros o analistas en Sistemas; otro para licenciados en Comunicación o periodistas y otro para aspirantes con experiencia en gestión (abogados, contadores, licenciados en Administración o Recursos Humanos, etc.).

Los concursos consistirán en una prueba escrita y en la evaluación de los antecedentes. Luego, los tres postulantes mejor calificados pasarán a una entrevista con los consejeros. Al igual que en los concursos celebrados para seleccionar al director (Fernando Ganami) y a la secretaria de la Escuela Judicial (Isabel Rico Velaz), que concluyeron en diciembre, las autoridades del CAM se reservaron el derecho a designar al prosecretario y a los encargados mayores entre los tres primeros postulantes del orden de mérito respectivo.

En cuanto a los ayudantes judiciales, el CAM se inclinó por un mecanismo semejante al que aplica la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para ese cargo (el primero de la escala) desde 2010. Según comentó Sbdar en la sesión, los borradores de la reglamentación fueron elaborados por la subcomisión que integraron Tello (muy saludado este miércoles por su cumpleaños), Bustamante, Ruiz y Albo. Luego de la exposición del proyecto, Bustamante propuso apurar estos concursos para atender las demandas creadas por la Escuela Judicial. “Coincido con ‘Tony’ en la premura. Esta gestión debe comenzar y terminar los procesos del personal”, sostuvo Sbdar, que recordó que el nivel alto de actividad del CAM había impedido atender antes este asunto pendiente.

Del concurso al pleito

A partir de 2010, cuando ingresó Nacul, el CAM nombró funcionarios y empleados en virtud de una designación discrecional. Esta práctica antirreglamentaria quedó expuesta por el caso “Ganami”, y en ocasión de que el CAM decidiese regresar a la selección de personal por concursos, esta vez para llenar los despachos de la Escuela Judicial. Ganami entró al órgano como asesor de la presidenta Sbdar; en junio de 2013 fue nombrado prosecretario interino y cuatro meses más tarde ingresó a la planta estable con el encargo de organizar la Escuela. Pasaron otros cuatro meses, y el CAM dio de baja esa afectación porque Ganami se había inscripto en los concursos de secretario y director académicos. En el ínterin, el funcionario, que no había pedido licencia, quedó vinculado por un convenio institucional al jurado Diego Duquelsky Gómez. Tanto el evaluador como el aspirante dijeron que no habían tenido un trato que justificase una excusación

Luego, la postulante Carmen Fontán, que resultó ganadora del concurso atinente a la Dirección, pidió infructuosamente el apartamiento de los consejeros que habían nombrado “a dedo” al prosecretario. Tras entrevistar a los tres finalistas, el CAM decidió dar ese cargo a Ganami, con la disidencia del consejero Roberto Sánchez, que votó por Fontán. Esa aspirante a continuación judicializó el concurso, pleito que está radicado en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.