“Qué podemos pedir del régimen electoral, si ni la reforma constitucional local de 2006 ni la de la Constitución Nacional de 1994 han servido para que en Tucumán se adviertan avances en materia de respeto por los derechos humanos”, protestó el presidente Francisco García Posse en el acto del Día del Abogado. Para ilustrar esta situación, el presidente citó el fallo que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán emitió recientemente en un proceso de hábeas corpus: “este establece que el Estado provincial viola de manera generalizada y crónica los derechos humanos de los ciudadanos detenidos. La sentencia es un manual de atribución de responsabilidades a los tres poderes del Estado”.
García Posse comentó que en el fallo mencionado “se amontonan” desde recomendaciones a jueces y fiscales penales para que no abusen de la facultad de detener personas, y reconvenciones al Ministerio Público por omitir el cumplimiento de sus obligaciones hasta exhortaciones al Poder Legislativo para que derogue o modifique disposiciones inconstitucionales de la Ley de Contravenciones, y autorice los créditos presupuestarios para construir más y mejores lugares de detención. “Y qué decir del Poder Ejecutivo. Le caben todas: mantiene a disposición de la institución policial la normativa contravencional que le otorga un poder excesivo e inconstitucional; pone a disposición de jueces y de la propia Policía lugares de detención inadecuados y en condiciones de inhumana promiscuidad; a tres años de la sanción de la Ley N° 8.523 sobre Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se niega a hacerla operativa por la vía reglamentaria”, añadió.