En Tucumán se puso fin a la indiferencia. Se puede decir que muchas veces existieron trampas electorales y regímenes clientísticos que apañaron elecciones que votantes impotentes terminaron aceptando. Pero el mundo cambió; tiempo atrás muchos no tenían idea de lo que pasaba y de lo que se podía hacer, pero ahora tienen un teléfono celular y pueden enviar mensajes denunciando irregularidades. Y se encuentran con que reciben otros que dicen que pasó algo similar en otro lugar. La cadena se va formando y, aun sin saber su magnitud, los ciudadanos indignados salen a la calle porque saben que el hecho no quedará aislado, sino que su acción repercutirá en el país.

Eso pasó en el 2008 con la protesta agraria. Los usualmente aislados productores rurales accedieron a una nueva tecnología, el celular, y se encontraron en las rutas. Es cierto que algunos gobiernos buscan controlar la información y en alguna medida lo consiguen, pero lo nuevo es que estas tecnologías no son de nadie, ni del gobierno ni de los partidos. Son de la gente que encuentra un recurso poderosos para reclamar por sus derechos.

La exigencia de la revisión de los comicios no implica que incida en el cambio de la tendencia final, pero sí que el hecho de haberse producido significa una violación del derecho soberano del elector y que el gobierno y la Justicia Electoral son responsables de adoptar las medidas y las técnicas apropiadas para evitarlos.

El escrutinio definitivo dará un resultado, aunque ello no evitará el sabor amargo de saber que, aunque no cambie la tendencia, las irregularidades existieron, fueron serias y deben terminar. Que esas prácticas se han conocido en otros tiempos y lugares no implica que no sea fundamental que las próximas elecciones de octubre, en todo el país y especialmente en la provincia de Buenos Aires, sean totalmente transparentes, para lo que deben tomarse ya medidas adecuadas para asegurarlo. Más aún porque, casi como nunca, la decisión sobre quién se elegirá para encabezar el Gobierno nacional puede ser que se dirima por sólo un punto o dos.

Un sistema democrático exige que todos los partidos tengan las mismas oportunidades para competir, es decir para presentar en las mismas condiciones sus ofertas a los electores. Un régimen que discrimina (en los recursos de publicidad, dinero, prebendas etc.) a favor de los partidos en el gobierno, deja pocas posibilidades a la alternancia y constituye un régimen donde el partido hegemónico gana siempre (gracias a los recursos del Estado). Así perdura en el poder sin alternancia, mientras que los otros partidos existen sólo para perder. Y esto es la desnaturalización de la voluntad popular y la contradicción misma de la democracia.

El autor es historiador, abogado y docente universitario.