Hubo una época en la que los talleres de oficios del penal de Villa Urquiza estaban repletos y generaban productos que después se ponían a la venta fuera de sus muros. Pero en algún momento el trabajo se desaceleró y sus puertas se fueron cerrando. Hoy sólo el 10% de la población carcelaria trabaja y esa situación preocupa a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial.

Ese fue uno de los principales planteos que se expusieron ayer a la mañana durante la reunión que se realizó en la Corte Suprema de Justicia y que forma parte de una serie de encuentros que se vienen dando a partir del hábeas corpus que interpusieron los fiscales de Instrucción Adriana Giannoni y Diego López Ávila después de que se produjera un incendio en la Brigada Norte y fallecieran dos presos. Esa presentación sirvió para comenzar a debatir acerca de las condiciones del sistema penitenciario local.

El presidente de la Corte Antonio Gandur y los vocales Claudia Sbdar y Daniel Posse recibieron a ambos fiscales, que llegaron acompañados por el ministro Fiscal Edmundo Jiménez. También participaron del encuentro el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Regino Amado, el subsecretario de Seguridad César Nieva, la secretaria de Derechos Humanos Érica Brunotto, el director de Institutos Penales Guillermo Snaider, la presidenta de la Cámara Penal Alicia Freidenberg, el fiscal de Estado adjunto Federico Nazur y el legislador Alfredo Quinteros (ApB).

“Fue bastante importante, interesante y constructiva la reunión”, dijo Amado una vez finalizado el cónclave, que duró poco más de una hora. Entre los temas que se trataron, resaltaron la infraestructura del sistema penitenciario, las condiciones de determinadas comisarías y la necesidad de volver a poner en marcha los talleres que solían funcionar en el penal de Villa Urquiza, donde los reclusos aprendían diferentes oficios y encontraban una salida laboral.

“En la actualidad, el 10% de la población carcelaria, que tiene un total de 1.100 personas, no está trabajando y ese es un tema muy preocupante. El no darles trabajo también atenta contra la dignidad humana”, alertó Giannoni.

Propuestas

Esa postura fue respaldada por López Ávila. “El tema no se agota con el hecho de alojarlos sino que también hay que darles trabajo”, advirtió. “Hay propuestas muy importantes que hizo el ministro (Amado) de que participe el Ipacym (Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual) para la producción, que prácticamente no está funcionando en el penal. Se propuso que vuelvan a abrirse los talleres, que se abra la parte de labranza en distintos lugares, para que a esta gente se le pueda dar una salida. Es necesario que aprendan un oficio y también son fundamentales la salud y el deporte para salir de esta situación”, planteó el fiscal.

Amado también propuso hacer convenios con empresas privadas para que los reclusos puedan salir a trabajar o presten servicios comunitarios. “La idea es que traten de ocupar su tiempo de la manera más adecuada”, explicó López Ávila. “Sabemos que el tiempo de ocio los lleva a pensar en cómo pueden fugarse, o si pueden o no drogarse. Esa es la realidad”, agregó el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia.

Los participantes de la reunión propusieron sumar al Poder Legislativo a esta iniciativa por mejorar las condiciones de los reclusos de la provincia. “Lo más importante es que lo vamos a hacer a través de una comisión en la que van a participar los tres poderes del Estado. Queremos que la Legislatura también nos vaya acompañando con las reformas legislativas necesarias”, comentó López Ávila.

Antes de retirarse, el ministro Fiscal Jiménez también se detuvo a exponer su conclusión. “Es una excelente reunión porque muestra este trabajo conjunto entre la Corte, el Gobierno y el Ministerio Fiscal en pro de un problema crónico que tiene la provincia en cuanto a los detenidos. Hay una actitud de preocupación de todos, una franqueza en el planteo y una voluntad de solucionar las cosas. Ahora la Corte va a analizar el planteo y después decidirá”, dijo.