El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) empezó a funcionar a finales de 2009 con un peso inmenso sobre sus espaldas: 44 despachos acéfalos. Esta situación había sumido al Poder Judicial de Tucumán en un estado de emergencia nunca visto. Seis años después, el órgano encargado de preseleccionar magistrados se precia de haber producido ternas para llenar 88 vacantes. Pero más del 10% de las oficinas tribunalicias siguen acéfalas, según la memoria 2015 del CAM. Ese porcentaje equivale a 28 de los aproximadamente 210 cargos de camaristas, jueces, fiscales y defensores existentes en los centros judiciales de la capital (tiene un anexo en Banda del Río Salí), Concepción y Monteros.

La gestión bianual del Consejo que empezó en 2013 se encontró con 13 concursos públicos de antecedentes y oposición en trámite, según la memoria de aquel año. La mesa de autoridades que asumirá la conducción del órgano desde este miércoles y hasta 2017 recibirá 24 procesos abiertos y cuatro más listos para poner en marcha (ver nota relacionada en esta edición). En el ínterin, el Consejo que presidió Claudia Sbdar, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, elevó al Poder Ejecutivo ternas para cubrir 20 despachos acéfalos.

Dos de esos tercetos corresponden a concursos conflictivos que requirieron un trámite arduo y prolongado. Se trata de las vocalías de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, y de la Sala I de la Cámara de Familia y Sucesiones de la capital que respectivamente ocuparon Enrique Pedicone en junio y Hugo Rojas en noviembre. El primer cargo estuvo vacante durante más de dos años y el proceso de cobertura fue considerado el más delicado de la breve pero prolífica historia del CAM puesto que los tres miembros de la Cámara de Apelaciones controlan las investigaciones penales de toda la provincia. El Poder Judicial intervino en este concurso por medio del pleito que promovió Guillermo Acosta, concursante y juez de Instrucción en Concepción. Finiquitada esa judicialización, el Poder Ejecutivo que encabezó el ex gobernador José Alperovich recibió la terna compuesta por Juan Carlos Nacul, Gustavo Romagnoli y Pedicone.

El concurso de la Cámara de Familia fue el más accidentado de los hasta aquí celebrados. En mayo y después de un trámite que incluyó cuatro procesos frustrados, Alperovich recibió la propuesta para cubrir una vacante preexistente al establecimiento del CAM. Integraban la terna los jueces Rojas y Valeria Brand, y la funcionaria judicial María Inés Barros. Como el ex mandatario se inclinó nuevamente por Rojas, a quien antes había nombrado camarista en Concepción, la designación creó otra vacante en los Tribunales locales.

El ABC del sistema

El CAM tiene una conducción compleja donde toman parte representantes del alto tribunal; del Poder Legislativo (dos consejerías para la mayoría y una para la minoría), y de los jueces y abogados matriculados de la capital y del sur. Así integrado con 16 consejeros (ocho titulares y ocho suplentes), el órgano celebra concursos que constan de tres etapas: evaluación de los antecedentes, prueba de oposición y entrevista personal.

Sólo los concursos que llegan a su término con al menos tres finalistas dan origen a una terna (los demás son declarados desiertos). Esa propuesta con tres nombres es elevada al Poder Ejecutivo, para que -en un plazo discrecional- elija a un aspirante y envíe su pliego a la Legislatura, donde la designación debe recibir el visto bueno luego de completar el trámite en la comisión correspondiente. La cobertura de vacantes judiciales concluye con el juramento del magistrado ante la Corte Suprema.

Si bien la razón de ser del CAM es la preselección de postulantes a la judicatura, con el tiempo se le añadió la función de brindar capacitación gratuita a los aspirantes a jueces. Esa tarea es cumplida mediante la Escuela Judicial que puso en marcha la gestión saliente. Además de las clases regulares, el Consejo organiza conferencias magistrales. En 2015 hubo tres conferencistas: Pedro Sagüés, Víctor Abramovich y Rodolfo Vigo.

Una política retomada

Durante el período anterior, el CAM retomó la política de designar personal por concurso. Aunque este método de selección objetivo está previsto en el reglamento, el órgano sólo lo había aplicado una vez en 2010 para nombrar a la secretaria Sofía Nacul. En 2014, los consejeros celebraron concursos para elegir al director (Fernando Ganami) y a la secretaria de la Escuela Judicial (Isabel Rico Velaz). En ambos casos, el CAM se apartó del orden de mérito; el nombramiento de Ganami, que se había desempeñado como asesor de Sbdar antes de ser ascendido a prosecretario en forma discrecional, fue judicializado por la postulante Carmen Fontán.

La gestión saliente se despidió con otros tres nombramientos de personal: Felipe Cerisola accedió a una prosecretaría, y Amalia Paola Salas y Wenceslao Sebastián Argiró se quedaron con los cargos de encargados mayores. Tales designaciones fueron decididas con el aval de los ex consejeros Regino Amado, Adriana Najar, Marcela Ruiz, Martín Tello y Raquel Asís. Antonio Bustamante y Federico Romano Norri votaron en disidencia -según ellos, correspondía que los consejeros electos firmaran las incorporaciones- mientras que Sbdar se retiró de la sesión y Eudoro Albo se excusó por amistad manifiesta con Cerisola (es hijo de Juan Alberto Cerisola, ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán). La publicidad de los concursos de personal fue cuestionada antes de la designación por la ex jurado Susana Montaldo y el consejero electo José Adle. A continuación, sumaron sus dudas y preocupación los también consejeros electos Carlos Caramuti y José Dantur, y los colegios de abogados de la Capital y del Sur. Como el CAM no volvió a sesionar desde el 26 de octubre, es posible que el tema se reavive este miércoles, cuando se reúna por primera vez la gestión con mandato hasta 2017.