El ex fiscal Guillermo Herrera solicitó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que no analice el caso que contiene el voto fallido del camarista Enrique Pedicone por considerarlo nulo y recusó al presidente del alto tribunal, Antonio Gandur, por “enemistad manifiesta” y “temor fundado de parcialidad”. Además, envió notas a los restantes miembros de la Corte informándoles que, a su juicio, el tratamiento de la cuestión “como pretende Gandur” es una “extraña, confusa e inaudita situación procesal que no se encuentra legislada”.

En la causa en cuestión, el fiscal Diego López Ávila dictaminó que Herrera habría cometido delitos mientras instruía el caso “Jorrat”. En paralelo y en causas separadas, López Ávila pidió que Herrera, que renunció en septiembre, sea investigado por su actuación en “Teves-Albarracín”, “Rigourd” y “Pérez”. Respecto de “Jorrat”, Mirta Lenis de Vera, jueza N°5, anuló ciertas medidas practicadas por López Ávila y su pedido de investigación, y ordenó que el caso prosiga a cargo de Washington Navarro Dávila, fiscal N°5. A continuación, López Ávila apeló esta resolución -con efectos sobre las demás causas que implican a Herrera-, pero el ministro público Edmundo Jiménez pasó la causa a Carlos Sale, fiscal de Cámara, quien opinó en contra de López Ávila y a favor de Lenis.

En este punto del proceso apareció Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, con la propuesta de revisar lo ocurrido. A continuación, se excusó la camarista Liliana Vitar -alegando que es cónyuge de Navarro Dávila- y Eudoro Albo, presidente del tribunal, decretó el envío del expediente a Lenis de Vera. Frente a esa situación, Pedicone tomó una decisión sin precedentes: notificó a la Corte que le habían impedido ejercer su deber constitucional de juzgar y le remitió el proyecto de voto que había elaborado. Como consecuencia de ello, Gandur pidió el expediente completo, que ingresó al alto tribunal el viernes pasado.

En su voto frustrado, Pedicone dijo que el ministro público Jiménez ponía en riesgo la seguridad del Estado y de la ciudadanía, y lo involucró en un “cóctel explosivo” para dejar impunes los hechos atribuidos a Herrera. Según Pedicone, operaron para ese fin Lenis de Vera, Sale y Tomás Robert, abogado que el 24 de noviembre renunció a la defensa de Herrera para asumir como relator de Jiménez. El camarista añadió que Lenis de Vera anuló las citaciones a declarar como testigos de los imputados Jorge Rigourd y Roxana Teves que había dispuesto López Ávila.“Teves nada tenía que ver con el caso y sí con otra causa que, como consta en el acta de una auditoría encargada por la Corte, involucra a los propios hijos de Jiménez”, dijo Pedicone.

En una entrevista con este diario, Herrera consideró que lo de Pedicone es una aberración jurídica y “un mamarracho”. Y comentó que su abogado, Gustavo Juárez Collado, pidió la nulidad porque la actuación de la Corte “no se ajusta a ninguna norma conocida o vigente”. “Pedicone confeccionó un voto que se asemeja más a una denuncia que a un fallo judicial, y la decisión de enviarlo a la Corte y al Colegio de Abogados tiene la ultrafinalidad de crear un caos institucional dentro del Poder Judicial”, opinó. Según su criterio, Pedicone asumió el rol de un pretor romano que crea derecho: “más grave aún es que nuestro alto tribunal parece aceptar tal situación”.

“Hice nueve presentaciones en la Corte pidiendo la nulidad de todo porque la actuación de un magistrado no puede ser analizada por un Cuerpo de Auditores legos -yo los llamé ‘la Gestapo’- y ni siquiera dieron vista a mis pedidos: hay una denegación de Justicia evidente”. Herrera añadió que incluso litigó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo para paralizar el sumario que le abrió la Corte -en virtud de ello, la fiscala Juana Prieto le formuló numerosos cargos-. “Esta pesquisa interna devino abstracta cuando renuncié. La Corte misma informó a la Anses que no tenía ningún sumario abierto”, precisó.