“Es enorme el desafío que tenemos”. El secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, resopló tras enumerar cuáles cree que son las deudas en materia de derechos humanos en el país. Pobreza, medio ambiente, violencia de género, pueblos originarios, narcotráfico, violencia institucional y reparación a víctimas de crímenes de lesa humanidad figuran en la agenda del funcionario, según detalla. Avruj cumplió el jueves con una vasta agenda en la provincia, que incluyó desde la firma de un convenio con la secretaría local y una reunión de diálogo interreligioso hasta un encuentro con la comunidad de El Nogalito en la Defensoría del Pueblo. Tras una audiencia con el ombudsman Hugo Cabral, el secretario dialogó con LA GACETA.

“Tenemos un mandato muy concreto del Presidente: unir a los argentinos. Los derechos humanos bien entendidos, con un temario amplio que tiene que ver con la agenda 2.030 de las Naciones Unidas, y con los derechos culturales económicos y sociales, además de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, nos van a llevar a un camino de encuentro y de construcción plena”, consignó.

-¿Van a continuar los juicios de lesa humanidad?

-Desgraciadamente, la duda es un resabio de la política de la campaña de miedo que se instaló antes de las elecciones y que nosotros, con hechos, estamos refutando. Estuvimos trabajando aquí con los abogados del juicio que comienza en mayo (Operativo Independencia), de hecho. Al programa Verdad, Memoria y Justicia, que estaba en el ministerio de Justicia, hoy lo tenemos en la secretaría.

-¿Cómo están trabajando con el personal?

-Lo que estamos haciendo, como en las demás áreas, es supervisar y analizar todo lo que tiene que ver con la estructura organizacional y con la cantidad de personal que tenemos. Hay una superpoblación de personal, gente que no puede justificar su rol, que nunca fue a trabajar. Hay muchos contratos que fueron otorgados en los últimos meses de la gestión anterior. Eso requiere una revisión, pero bajo ningún punto de vista en nuestra concepción de gestión está el anular ningún programa. Tenemos un compromiso ético con la memoria y con las políticas de Estado. Memoria, Verdad y Justicia es una política. Somos un Gobierno democrático, y tenemos un marco legal y un compromiso ético. Cambiarán algunos nombres, pero no los programas.

-Hubo polémica por el cese del contrato de la directora del espacio de memoria de la Escuelita de Famaillá, ¿cómo está su situación?

-Estamos revisando y en esta revisión seguramente se cometerán errores. Se había desligado y fue prontamente retomado el contrato (de María Coronel). Está todo en su cauce. En este caso, es la misma persona la que queda en el puesto. Puede darse la situación de que se cambien personas y eso no va en desmedro de los programas. Todos tenemos que entender que estamos por un tiempo en la función pública y que tenemos el derecho de cambiar.

-¿Los espacios de memoria seguirán funcionando?

-Sí. A veces por acción u omisión hay mucha mora, y hemos encontrado atrasos en el seguimiento de resoluciones de leyes reparatorias, por ejemplo. Hablamos de personas que están esperando una respuesta y hemos encontrado legajos con seis u ocho años de espera. Nos llevara un tiempo poner eso en orden. En los sitios de memoria también encontramos una lentitud y un aletargamiento. Un programa de derechos humanos debe ser integral. Memoria, Verdad y Justicia es importante y lo vamos a continuar, pero tenemos que trabajar con el mismo énfasis en las agendas del presente y del futuro.

-Habla de deudas ¿qué aspectos cree que se descuidaron?

-Hay deudas enormes en materia de derechos humanos. El Presidente marcó tres ejes fundamentales: lucha contra el narcotráfico, pobreza cero y unir a los argentinos. La pobreza tiene que ver con el despliegue de los derechos humanos económicos y sociales. También están la violencia institucional y de género; el medioambiente y los pueblos originarios. Tomamos la decisión política de trasladar el Inai (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) desde Desarrollo Social a Derechos Humanos, cambiando el paradigma de una política asistencial a una de derechos. Generamos la Dirección Nacional de Diversidad Sexual. En los últimos años se han sancionado leyes de diversidad, pero hay una brecha entre lo real y lo legal. Trabajaremos mucho en achicar esa diferencia.