El secretario de Vivienda de la Nación, Domingo Amaya, opinó que la Fundación María de los Ángeles debería devolver el dinero que el Gobierno nacional le acreditó para una obra antes del cambio de gestión, a principios de diciembre del año pasado.
“(El asunto) está en los entes de control, como la Sigen o la Oficina Anticorrupción, que están trabajando. Detectamos que el Estado había girado incorrectamente unos fondos; creo que hay que corregirlo. Según mi opinión, creo que se tienen que devolver los fondos”, consideró el ex intendente capitalino.
Amaya se refirió así al desembolso de $ 5,6 millones -como parte de un total de $ 22,4 millones- que se otorgó a la organización que encabeza Susana Trimarco, madre de María de los Ángeles “Marita” Verón. El dinero era para financiar el proyecto de construcción de un jardín de infantes para hijos de madres en conflicto, sobre todo, víctimas del delito de trata. El plan se pondría en marcha en espacios del enorme predio del ex Hospital Militar (Italia y Viamonte).
Por otro lado, el funcionario macrista también comentó que comunicó a Trimarco que otro de los proyectos en un sector del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga (en Las Talitas) para levantar una centena de casas no era viable por el momento.
“No se puede construir viviendas en las tierras que le habían cedido en comodato”, lamentó. “No puede el Estado haber firmado un convenio con una institución para construir cuando no se le puede dar un título dominial. Es decir, que (el vecino) siempre va a ser un ‘ocupa legal’ y eso no puede ser”, descartó.
Añadió después que primero habría que regularizar la situación de las tierras y recién después, concretar los proyectos.
La controversia se había generado luego de que LA GACETA diera a conocer a mediados de mes un informe de diagnóstico del área que conduce Amaya.
En el documento oficial, el ex intendente de San Miguel de Tucumán incluyó la iniciativa de la Fundación en el ex Hospital Militar como uno de los casos de presuntas anomalías con las que se encontró en el área tras asumir en su oficina.
“A la fecha, dicho pago no ha sido rendido ni se ha presentado el certificado de inicio de obra”, sostenía el texto sobre los fondos girados a la organización.
La Fundación María de los Ángeles, por su parte, aseguró mediante su cuenta oficial de Facebook que la obra que la organización realiza con fondos nacionales “nada tiene de corrupto ni ilegal”. “El convenio que tenemos firmado con el Ex Ministerio de Planificación Federal es para la puesta en valor y refuncionalización de una de las naves del ex hospital Militar, para crear allí el segundo jardín maternal Los Ángeles de María, que beneficiaría a 200 niños y niñas, hijos e hijas de víctimas del delito de trata, víctimas de violencia de género o madres solteras”, subrayaba el comunicado. “¿Cómo vamos a rendir si no se ha empezado la obra ni nada? Eso no se ha tocado nada. Yo no voy a tocar ese dinero”, había advertido a este diario luego Trimarco.
La presidenta de la Fundación es madre de la joven secuestrada por una red de trata en abril de 2002 y protagonista de un caso emblemático de lucha contra ese delito. La institución ya tiene en funciones un jardín de infantes que, desde 2013, funciona en un edificio cedido por la Municipalidad de la capital en el Parque 9 de Julio.