SAN PABLO.- El representante de la Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil, José Eduardo Cardozo, dijo ayer ante el Congreso que los procedimientos para un juicio político o impeachment contra la presidenta, Dilma Rousseff, deben ser considerados nulos.
Cardozo, cuya función es la de defensor del Estado, sostuvo ante una comisión parlamentaria que el proceso está “viciado” por lo que calificó como el “desvío de poder” que, en su opinión, llevó adelante el jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, al aceptar el pedido para que se abra el procedimiento de juicio político.
Cardozo sostuvo que Cunha aceptó el pedido “por venganza”, motivado por su deseo de emprender una revancha política contra Rousseff.
“Este proceso fue abierto como venganza. Brasil está a merced de un chantajista. Hubo desvío de poder, el proceso está viciado y por eso es ilegal y nulo”, dijo el abogado Cardozo ante los parlamentarios, consignó la agencia Télam.
El funcionario gubernamental criticó la falta de información sobre el acuerdo de delación compensada del senador Delcídio do Amaral, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en Petrobras. Ello, destacó, implica la nulidad del proceso.
En la última sesión de la comisión de juicio político para escuchar los argumentos de las partes en la cual se debe votar si se eleva al plenario el pedido de juicio político, Cardozo afirmó que el juicio solo existe en caso de “atentado a la Constitución” y por lo tanto el proceso que se lleva adelante es un “golpe de Estado, sin bayonetas, sin cañones, apenas rompiendo la Carta Magna”.
En el inicio de su exposición, Cardozo dijo que en el régimen presidencialista adoptado por la Constitución de 1988, el juicio político “es una situación de excepcionalidad absoluta” y que un presidente no puede ser separado del puesto por cuestiones políticas.
La oposición argumenta que se debe llevar adelante el juicio político, porque Rousseff manipuló deliberadamente las cuentas presupuestarias para impulsar su campaña por la reelección en 2014.
Procedimiento
La comisión tendrá la tarea de emitir una recomendación a la Cámara Baja respecto de si existen o no bases para impugnar a Rousseff, lo que llevará al pleno del Parlamento a votar sobre la decisión, algo que podría suceder tan pronto como a mediados del mes en curso. Los opositores a Rousseff necesitan los votos de dos tercios de los 513 diputados que integran el cuerpo para llevar el procedimiento de impugnación hasta el Senado. La mandataria requiere de 171 votos o abstenciones para bloquear el proceso.
Falta de decoro
Pero la defensa técnica incluyó también una interpretación jurídica sobre el accionar de Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados procesado por corrupción, que autorizó en diciembre el juicio político contra Rousseff, luego de que el Partido de los Trabajadores (PT) votara a favor de que se lo investigara por falta de decoro ya que no declaró cinco cuentas en Suiza.
El Panamá Papers, el caso divulgado de las cuentas secretas y empresas offshore radicadas en Panamá, atribuye a Cunha una empresa no declarada ante las autoridades brasileñas.
“Por lo tanto, para salvar su propio proceso, cometió un desvío de poder, por lo tanto es ilegal, está viciado con la teoría del pecado original”, agregó sobre Cunha, quien ha llevado a la dirección nacional del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), que lidera el vicepresidente Michel Temer, a pasarse a la oposición y a apoyar la destitución de Rousseff. (Télam-DPA)