En época de crisis, que un intendente rechace la posibilidad de recibir un regalo de $ 80 millones para ejecutar obras en su ciudad suena, cuanto menos, llamativo. Y que esa misma persona deseche la posibilidad de firmar ese convenio en uno de los salones de la Casa Rosada ya roza lo insólito. Pues bien, es lo que ocurrió ayer al mediodía con uno de los 19 jefes municipales de Tucumán.

En el Salón de los Escudos del Palacio Gubernamental, el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio; y el secretario de Vivienda y Hábitat, Domingo Amaya, aguardaron en vano por la presencia de la intendenta de Famaillá, Patricia Lizárraga. La esposa del legislador Juan Enrique Orellana debía asistir para firmar un convenio de asistencia en materia de infraestructura comunitaria para su ciudad, junto a sus pares de Concepción, Roberto Sánchez; y de Yerba Buena, Mariano Campero. A diferencia de la peronista, los dos referentes locales de Cambiemos dijeron presente en el acto. Junto a ellos estuvieron tres representantes de partidos bonaerenses.

Debido al faltazo de la famaillense, sólo dos de los tres convenios referidos a Tucumán llegaron a firmarse. Los acuerdos para Concepción y Yerba Buena suponen un aporte del Gobierno Nacional de $ 102,5 millones, para la concreción de diferentes proyectos de infraestructura comunitaria. Incluyen el tendido de servicios básicos, como redes de agua potable, cloacas y gas natural. A Famaillá, la Nación había asignado poco más de $ 80 millones para obras en una zona vulnerable del municipio: los barrios Nueva Baviera y Tres Marías.

Amaya, secretario de Vivienda y Hábitat, no pudo ocultar su malestar por el faltazo de Lizárraga, y dejó abierta la posibilidad de que esos recursos previstos en un principio para la “Capital de la Empanada” sean reasignados. Incluso, el tucumano deslizó la posibilidad de que la intendenta, electa por Tucumán Innovador, un acople del Frente para la Victoria, haya sido presionada para no concurrir.

“Lamentablemente, los únicos perjudicados son los famaillenses, que sufren las necesidades. Aparentemente, por cuestiones políticas el gobernador (Juan Manzur) no autorizó que viniera la intendenta”, bramó el tres veces ex jefe municipal de San Miguel de Tucumán en diálogo con LA GACETA.

Amaya no anduvo con rodeos. “Los que padecen son los vecinos; evidentemente no se le dio permiso para venir”, denunció.

El funcionario macrista explicó que estaba previsto que del acto participaran tres intendentes de Buenos Aires y tres de Tucumán, en una muestra de federalismo del Gobierno nacional. “Quedamos rengos en la mesa”, renegó. El ex compañero de fórmula del radical José Cano en el Acuerdo para el Bicentenario cuestionó que aún se prioricen los intereses partidarios por sobre el interés general. “Que no se dañe a la gente por cuestiones políticas, como se vino haciendo en los últimos tiempos. No pueden ser ellos (los vecinos) los perjudicados por internas políticas”, arremetió Amaya.

Las obras previstas para Famaillá comprendían la construcción de las redes vial, de gas natural, de agua potable y de desagües cloacales, además de provisión de energía eléctrica, caminerías, arbolado y equipamiento, y espacios verdes. El plazo de ejecución pautado era de 18 meses, con una inversión de $ 80,4 millones ejecutados en cuatro desembolsos. Los destinatarios serían vecinos de los barrios Nueva Baviera y Tres Marías.

La intendenta famaillense justificó su ausencia en el acto de la Casa Rosada en problemas personales. Evitó polemizar con Amaya, y le agradeció la ayuda que tenía previsto dar para su municipio.

“Valoro de Domingo (Amaya) el gesto de darnos una mano, como lo tiene con todos los tucumanos que lo van a visitar. Tuve mi madre internada en un sanatorio en estado delicado y me habían dicho que tenía la posibilidad de firmarlo luego en Tucumán al convenio, por eso me tomé la atribución de no asistir”, fundamentó Lizárraga. “No hubo insinuaciones ni presiones, pero entiendo que es lógico que se hagan conjeturas. No contradigo en nada a Amaya, sólo tengo agradecimientos para con él”, añadió la esposa del legislador Juan Enrique Orellana.

Finalmente, instó al Gobierno nacional a sostener la ayuda prevista para su ciudad. “Estoy convencida de que las obras se deben realizar, ningún tucumano podría ir en contra de obras de tan magnitud e importancia para la ciudad”, suplicó la intendenta.