El legislador Eudoro Aráoz (UCR), quien había planteado una acción de amparo el mes pasado por la causa de la ruta de las valijas, amplió su demanda ante la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
El radical, además de solicitar que la Legislatura indique el monto y el destino de los supuestos subsidios de la partida “ayudas sociales a personas” erogados entre marzo y octubre de 2015, requirió la presentación de la documentación original de esos fondos.
Y si bien la Provincia es la persona jurídica que interviene en este proceso, Aráoz pidió que los vocales Carlos Giovanniello y Rodolfo Novillo analicen si corresponde la actuación del Poder Legislativo en el trámite contencioso. “Es el presidente de la Honorable Legislatura quien tiene atribuciones para decidir sobre la erogación de esas ‘ayudas sociales a personas’”, añadió Aráoz en su escrito. Hasta octubre del año pasado, la conducción del cuerpo estuvo a cargo del actual gobernador, Juan Manzur, mientras que hoy es ejercida por el vicegobernador Osvaldo Jaldo.
Por otra parte, la sala II del fuero Contencioso Administrativo envió a la Casa de Gobierno y a la sede legislativa los pedidos de informes de rigor previstos en la norma procesal, y les dio plazo hasta la semana próxima para contestar.
En noviembre pasado, LA GACETA reveló mediante fotos y registros bancarios que un empleado de la Legislatura retiraba valijas (en cada una cabían $ 6 millones) de una sucursal céntrica del Banco Tucumán-Grupo Macro. El dinero era llevado hasta la sede legislativa. En el 2015 electoral fueron ejecutados al menos $ 490 millones en supuestos subsidios. El detalle de esos gastos ha sido mantenido en reserva.
La difusión del caso derivó en la apertura de cinco causas judiciales. Dos fueron iniciadas en el fuero contencioso: una por el ex candidato a legislador del peronismo disidente, Oscar López, y otra por Aráoz.
Además, hay tres expedientes en los que se investiga la posible comisión de delitos. Dos de esas causas tuvieron origen en el fuero federal. La primera, que investigaba el presunto lavado de activos, fue girada a los Tribunales provinciales por orden del juez federal Daniel Bejas (consideró que no había pruebas de un delito preexistente y que carecía de competencia, ya que los fondos habían sido girados por la Provincia). La segunda, impulsada por López, está en manos del fiscal federal Carlos Brito, quien analiza una posible evasión. El tercer expediente, también abierto por una denuncia de López, está en la Fiscalía de Instrucción V del fuero local, a cargo de Washington Navarro Dávila.