El cierre de la paritaria docente universitaria ha puesto ansiosos a los rectores de las universidades públicas. La promesa del presidente, Mauricio Macri, de girar $ 500 millones a las universidades y de atender los reclamos presupuestarios fueron propuestas que quedaron en cumplirse una vez terminadas les negociaciones con los docentes.

La rectora de la UNT, Alicia Bardón, confirmó que están enviando “datos numéricos” al Consejo Interuniversitario de Rectores (CIN) con la finalidad de que se evalúe la necesidad de ayuda financiera que tienen esta y cada una de las universidades públicas. Pero además aseguró que el tema de las subas tarifarias también se está trabajando “por otros caminos”. “Hay un proyecto de ley para subsidiar parte de esto. Creo sería muy bueno porque somos grandes consumidores. Tenemos 300.000 metros cuadrados cubiertos que hay que iluminar y darles seguridad. Tenemos materiales de laboratorio que utilizan líneas de alta y media tensión. La UNT es un gran consumidor de energía”, precisó. Bardón confía en que el reclamo que realizaron los rectores el 3 de mayo al Presidente será escuchado.

Dos días antes, el bloque del FPV había presentado un proyecto para declarar la “emergencia económica en materia de servicios públicos para Universidades Nacionales y Provinciales”. La intención era que se congelaran las tarifas de electricidad, gas natural y agua. Esto no sucedió. Los kirchneristas justificaron el proyecto debido al “deterioro en el financiamiento destinado a la Educación Superior por parte del Gobierno, producto de las condiciones económicas vigentes con altos niveles inflacionarios”. El planteo que vienen haciendo las universidades es que deben afrontar las subas con los presupuestos proyectados un año antes.

Tarifazos desiguales

No todas las universidades han sentido el aumento de la misma manera. Algunas informaron que la suba significó un 1.700% en gas, como es el caso de la Universidad de Río Negro. Otra, la Universidad Tecnológica Nacional, de Río Grande, donde funciona también un colegio, tuvo un 1.250% de aumento -según publicó Clarín- y decidió presentar un recurso de Amparo en la Justicia porque no pueden hacer frente a los costos. Pasaron de pagar $12.000 en marzo de gas, a $150.000 en la última boleta.

La UBA, por ejemplo, informó que por la “actualización de tarifas” tendrá que pagar casi $ 80 millones por el servicio eléctrico, por el que antes pagaba $ 7 millones. Desde esa institución ya dijeron que en agosto se quedan sin presupuesto.

Desde la UNT no precisaron de cuánto fue la suba, pero aseguraron que el aumento no fue tan fuerte porque las tarifas ya venían siendo actualizadas en la provincia.

Los criterios para repartir los $ 500 millones también enfrentaron a los rectores en el CIN y dejaron en evidencia las diferencias entre los de corte radical y los peronistas. Los primeros se inclinaron por un cálculo “objetivo” que tiene que ver con cantidad de alumnos, docentes, egresados y extensión territorial. Los primeros en criticar esto fueron las autoridades de la UBA que señalaron que ese criterio distorsionaba lo que cada universidad debía recibir. Ellos propusieron que se distribuyan “de acuerdo al impacto de la actualización de las tarifas”. De todas maneras, la Comisión de Finanzas y Economía del CIN fue la encargada de elaborar el plan que fue presentado en el Ministerio de Educación.