El escándalo de corrupción en torno al monasterio de General Rodríguez, donde el ex secretario de Obras Públicas José López intentó esconder casi 9 millones de dólares, puso en evidencia los vínculos del arzobispado de Mercedes Luján con el gobierno kirchnerista.

La escena fellinesca de una “monja” ayudando a entrar bolsos a una casa de retiros, mientras el “benefactor” deposita un fusil en el umbral, reveló también irregularidades en el funcionamiento y control eclesiástico de esa comunidad religiosa.

El caso López hizo públicas las sospechas que ya existían en la Iglesia sobre los manejos económicos “poco claros” y relaciones políticas “controversiales” del fallecido arzobispo Rubén Di Monte, fundador del monasterio y considerado puertas adentro un “amigo del poder”.

Pero esta desconfianza interna alcanzó también a su sucesor, monseñor Agustín Radrizzani, quien con un estilo pastoral contrapuesto al de Di Monte supo mantener un vínculo cercano con el matrimonio Kirchner y otros funcionarios oficialistas durante la “década ganada”.

Sintonía ideológica que le permitió a monseñor Radrizzani conseguir que la administración kirchnerista abra una licitación pública para restaurar y poner en valor la catedral de Mercedes. Un proyecto, que si bien firmó la ex presidenta Cristina Fernández en septiembre de 2014, quedó sin materializarse tras el cambio de gobierno a fines de 2015.

Estos manejos y otros desmanejos financieros pusieron a la curia mercedina al borde de la “bancarrota”, por lo que desde hace varios meses tiene una “virtual intervención” de la Santa Sede.

La medida fue confirmada por DyN con fuentes eclesiásticas confiables, que precisaron que la decisión del papa Francisco es anterior al escándalo de corrupción por el caso López.

Las mismas fuentes revelaron que quien está más comprometido en la investigación canónica por irregularidades en el manejo económico del arzobispado de Mercedes Luján es el sacerdote Jorge Bruno, vicario general de Di Monte y luego de Radrizzani, a quien se sindica como el “operador en las sombras” de los vínculos con el poder político desde la época menemista. En este contexto, el impacto que tuvo en la opinión pública la imagen de la “monjas” ingresando al monasterio los bolsos de dinero de llevaba López, precipitaron la decisión judicial de citar a indagatoria a la “hermana” Cecilia Inés Aparicio por encubrimiento del ex funcionario kirchnerista.

La medida judicial se sumó a la orden del juez federal Daniel Rafecas para que el Cuerpo Médico Forense se constituya en la sede del monasterio donde reside la “madre” Alba Martínez Fernández, a fin de que determinen si por su edad y estado de salud puede enfrentar un proceso penal.

El caso López sembró, además, sospechas sobre el status de las Misioneras Orantes y Penitentes de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, el grupo de monjas que tan solo son consagradas, aunque vistan hábito, y que 22 años después de haber sido fundadas por monseñor Di Monte siguen sin tener el aval del Vaticano. El Episcopado se vio obligado a salir a aclarar, apenas se desató el escándalo, que se trataba de “una asociación privada de fieles que se rige de acuerdo a los cánones 321-326 del Código de Derecho Canónico y que ha permanecido bajo la autoridad de su fundador, monseñor Rubén Di Monte, recientemente fallecido”. Disquisición interna que no evitó que la institución quedara salpicada por el escándalo de corrupción.

“Siempre que pasa algo en una institución religiosa nos salpica a todos”, reconoció el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, quien en una entrevista reciente con DyN consideró que las consagradas de General Rodríguez son algo “sui generis” y de las que “lamentablemente no se sabe mucho”. (DYN)