La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia envió al presidente, Mauricio Macri, un documento elaborado por un grupo de reconocidos abogados y constitucionalistas que denuncia que los juicios de lesa humanidad han violado “gravemente los principios básicos del orden jurídico y los más elementales criterios humanitarios que el mundo civilizado sigue en materia de punición penal”.

La nota que acompaña el texto del pronunciamiento lleva las firmas del presidente Alberto Solanet y del secretario Carlos Bosch, de la organización. El documento “Manifiesto: la Justicia y los juicios de lesa humanidad”, en tanto, está firmado por los letrados Juan Ramón Aguirre Lanari, Julio Altamira Gigena, Jaime Anaya, Gregorio Badeni, Alberto Bianchi, Juan Carlos Cassagne, Iván José María Cullen, Siro De Martini, Daniel Funes de Rioja, Guillermo Ledesma, Roberto Luqui, Daniel Sabsay, Alfonso Santiago y Jorge Vanossi.

Los abogados consideraron que la Justicia ha sufrido ataques y daños durante los últimos años, lo que a su criterio “ha generado amenazas muy graves para el bien común y la salud de la república”. “Creemos que gran parte del universo jurídico de la Argentina, con la sola exclusión de individuos fuertemente ideologizados, ha tomado conciencia del grave estado de situación que afecta a los detenidos acusados de delitos de lesa humanidad que viola elementales nociones de justicia y sus derechos humanos”, afirmaron.

Sostuvieron que “bajo el pretexto de la comisión de delitos de lesa humanidad” se reabrieron causas que ya habían sido juzgadas y que ahora los derechos de los “supuestos responsables” de esos delitos están siendo violados.

“Se les ha negado el beneficio de la detención domiciliaria y de una asistencia médica elemental. Son los únicos a los que se mantiene en prisión provisional sin condena luego de 10 y más años. Son los únicos a los cuales se les niega la aplicación de la ley penal más benigna para el cómputo de sus penas. Se les niega el instituto a la prescripción. No se les concede la excarcelación, la libertad condicional o las salidas transitorias de las que gozan los presos, no importa el crimen por el que hayan sido acusados”, expresaron.

En números

Apoyaron sus conceptos con cifras. Explicaron que hasta el momento 1.435 personas han sido privadas de su libertad, de las cuales 248 llevan más de tres años bajo prisión preventiva. Advirtieron que 360 han muerto en cautiverio. “Todo ello en abierta violación a tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, como la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros”, argumentaron.

“No menos censurable es el contexto y forma en que se han desarrollado estos juicios, ofreciendo en muchos casos un espectáculo indigno, absolutamente impropio de lo que debe esperarse de un tribunal, llegándose incluso a trasladar a los tribunales a personas en camilla o visible situación de incapacidad”, lamentaron.

Subrayaron que a los parientes de las “víctimas del terrorismo que tuvo lugar antes de 1976” no se les ha reconocido reparación alguna. “En la última década se ha hecho una seria discriminación en detrimento de los hombres que llevaron a cabo la represión contra el terrorismo, quienes, aunque incurrieron en excesos y extralimitaciones inadmisibles, recibieron en todos los casos penas gravísimas. Mientras que a los responsables del terrorismo se los ha colmado de honores; y en muchos casos se los ha premiado con cargos públicos e indemnizaciones”, se quejaron los abogados.