BUENOS AIRES.- El fiscal federal Guillermo Marijuán dictaminó ayer a favor de abrir una investigación sobre el origen del dinero que le fue sustraído a la vicepresidenta, Gabriela Michetti , la noche en que Mauricio Macri ganó el balotaje presidencial.

El dictamen sostiene que el origen de los fondos podría configurar un “delito de acción pública” y, en tal sentido, le recomienda al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para avanzar en ese sentido.

A través de fuentes de la Presidencia de la Cámara de Senadores, Michetti, quien ayer a la tarde se había retirado de sus oficinas de la Cámara alta, indicaron que “no hay ningún problema, está muy bien que la justicia investigue”.

Luego recordaron que “desde el primer momento” Michetti dijo que se investigue y aseguraron que ella “llevará a la justicia” la documentación que ya mostró a los medios.

“No hay nada raro en la causa. Le pasaron la denuncia al fiscal y él pidió una serie de medidas para descartar o avanzar. Es algo lógico en el procedimiento”, añadieron los voceros.

El 22 de noviembre pasado se llevaron de la casa de Michetti, en el barrio porteño de Balvanera, $ 245.000 y U$S 50.000 que estaban guardados en distintos ambientes de la vivienda, aunque el episodio tomó estado público recién en julio pasado.

Michetti explicó que $ 200.000 eran parte de una donación a la fundación SUMA, que preside; $ 45.000 estaban dedicados a gastos corrientes y de una refacción edilicia, y los U$S 50.000 eran un préstamo de su pareja para un post-grado de su hijo, algo que -aseguró- consta en la declaración jurada de ambos.

“Nada que ocultar”

En este marco, Marijuán acogió favorablemente las denuncias presentadas por el abogado Leonardo Martínez Herrero y por los diputados Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, y decidió impulsar la investigación. Sobre la base de esa denuncia, consideró que Michetti “resultaría imputada a prima facie”. Sin embargo, el fiscal aclaró que ello es “sin perjuicio de que nuevos elementos probatorios permitan individualizar a otros presuntos responsables de los hechos develados”.

En su denuncia, Cabandié y Tailhade aludieron a la Fundación SUMA y “expresaron que la mayoría de los miembros del Gobierno integran o son autoridades de fundaciones que desarrollan tareas políticas de manera paralela a la que formalmente despliega el partido político PRO”.

Cuando trascendió el robo, Michetti detalló en las redes sociales y en los medios que “no” tiene “nada que ocultar” sobre el origen del dinero. Además, en aquel momento, afirmó: “creo que soy la política con menos patrimonio del país; tengo sólo la mitad de mi casa y la otra parte es de mi hijo; no tengo cuentas en el exterior, no tengo cajas de seguridad, ni un auto tengo. No he crecido en patrimonio”.

Sobre el ocultamiento del robo, la Policía Metropolitana explicó en un comunicado que se mantuvo “en estricto secreto” por pedido “tanto de la fuerza como de la Justicia”. “El motivo del hermetismo fue para no alterar la investigación, dado que se sospechaba del círculo más íntimo de la vicepresidenta”, indicó la fuerza de seguridad porteña.

Por último, el oficial mayor de la PM procesado por el hurto a la vicepresidenta, Juan Pablo Cruzado, pagó $ 20.000 de fianza a fines de julio para recuperar la libertad, aunque sus bienes fueron embargados hasta cubrir un $ 1 millón, “acorde a la trascendencia económica del delito de que se trata”. Así, la Cámara del Crimen consideró que el policía no representa “riesgos procesales” que justifiquen su encierro. (DyN-Télam)