BUENOS AIRES.- El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, advirtió ayer que “hay una sobredosis de Comodoro Py”, en alusión a los tribunales federales, al señalar que “es una parte muy chica de la Justicia” y cuestionó la “excesiva judicialización de las decisiones políticas”.

Frente a las numerosas causas que se tramitan en los tribunales de Comodoro Py, principalmente contra ex funcionarios kirchneristas, Garavano consideró que la Justicia debería resolver las causas con “perfil mucho más bajo” y afirmó que “hay una simbiosis entre política, prensa y Comodoro Py en la que todos se retroalimentan unos con otros”.

“Tenemos una sobredosis de Comodoro Py, que es una parte muy chica de la Justicia”, advirtió el funcionario en declaraciones a radio Del Plata.

Antes que se conozca el fallo de la Corte Suprema de Justicia por el aumento de las tarifas, el ministro criticó que “hoy hay una excesiva judicialización de las decisiones políticas y de la política”.

“Preveíamos los amparos porque Argentina está en un nivel de conflictividad, sobre todo desde el gobierno anterior, donde todo se judicializa. Hay un clima de continuidad del gobierno anterior, que tenemos esperanzas que de a poco eso se vaya desarmando porque no es bueno para el país”, juzgó.

Garavano también reconoció que zanjar el conflicto por el aumento de tarifas “es un tema central que tiene que resolver la Justicia y el Gobierno la respetará” y remarcó que el fallo del máximo tribunal “va dar certezas para este caso y para el futuro específicamente sobre si necesitan audiencias públicas”.

Sin embargo, cuestionó “este proceso donde todo se judicializa” porque “a la larga eso no es bueno para el país” y aseveró que “hay un clima de continuidad del gobierno anterior que hay que ir desarmando porque no es bueno para el país”.

“Vamos a tener una transición este año y tal vez el año que viene, que es un año electoral, donde sigamos generando una excesiva judicialización de las decisiones políticas y de la política”, consideró.

Para Garavano, la imputación de la vicepresidenta Gabriela Michetti por el robo de $ 245.000 y U$S 50.000 que fueron sustraídos de su casa “es parte de un proceso en el que todo se judicializa, donde siempre hay alguien que hace una denuncia y sobreactúa determinadas cosas”.

“Termina siendo una injusticia. Gabriela es una persona que sigue viviendo en la misma casa y toda la población tiene gran confianza en ella”, añadió y aseguró que Michetti “está tranquila y no tiene nada que ocultar”.

En el mediodía del viernes, el fiscal Guillermo Marijuan le entregó al juez federal Ariel Lijo un escrito a favor de abrir la investigación a partir de la denuncia de un abogado, Leonardo Martínez Herrero; a la que se acumuló otra de los diputados nacionales kirchneristas Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade.

En las denuncias se pidió investigar si la vicepresidenta incurrió en algún delito en torno al dinero robado de su casa el 22 de noviembre de 2015. Y también establecer si el dinero estaba declarado y corroborar si $ 200.000 provinieron de una donación recibida por la fundación SUMA, presidida por la funcionaria, como ella explicó. Por el robo fue procesado un custodio de la Vicepresidenta. (Télam)