Seis años atrás, la Legislatura clausuró la facultad del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) de convocar un sólo concurso público de antecedentes y de oposición para cubrir varias vacantes judiciales. Aquella potestad había nacido con el Consejo fundado en 2009, y su finalidad era simplificar y abreviar el trámite de preselección de magistrados cuando hubiese necesidad de llenar dos o más cargos de idénticas características. Aunque rindió sus servicios, el concurso múltiple trajo dolores de cabeza diversos al órgano recién creado y generó algún malestar en el Poder Ejecutivo, que en algunos casos se topó sin las opciones de nombres que ofrece la terna individual. Pero las necesidades de la coyuntura -gran número de despachos acéfalos, y ralentización y encarecimiento de los concursos- han llevado al CAM a reconsiderar la idea.

En concreto existe una propuesta firmada por los consejeros que representan a los magistrados de la capital, Carlos Caramuti (titular) y José Dantur (suplente). Esta iniciativa de reforma de la Ley 8.197 (regula el CAM) restaura los concursos múltiples para cuando hubiese más de una vacante por cubrir de igual materia, grado y jurisdicción. El texto que circula desde hace algunas semanas entre los consejeros habilitaría la alternativa de declarar parcialmente desierto el concurso donde no hubiese cantidad de candidatos suficiente para confeccionar los tercetos que el Consejo debe elevar al Poder Ejecutivo.

El anteproyecto de enmienda legislativa de Caramuti y de Dantur establecería la obligación de formar una terna para el primer cargo concursado y de añadir un nombre complementario por cada puesto extra, de modo tal que el Poder Ejecutivo disponga siempre de tres postulantes para elegir. El proceso de designación del candidato escogido por el Gobierno concluye con el acuerdo de la Legislatura y el juramento del nuevo juez ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

Posible contrapropuesta

“Estoy de acuerdo con la reincorporación de los concursos múltiples, pero haré otra propuesta”, explicó Daniel Posse, vocal del alto tribunal y titular del CAM, en una consulta de la semana pasada. Si bien el magistrado elogió el ritmo de trabajo del órgano, admitió que resultaba necesario disponer de herramientas que permitiesen avanzar con mayor rapidez, sobre todo por los nuevos cargos judiciales creados en forma reciente -entre ellos, dos salas completas para la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de la capital con sus respectivos fiscales- y por los que habrá que añadir a propósito del nuevo Código Procesal Penal, proyecto de ley que ya tiene dictamen favorable en la Legislatura. Hasta ayer no había ingresado formalmente la iniciativa de Posse.

Según trascendió, la posibilidad de retornar a los concursos múltiples habría sido bien acogida entre los consejeros por la Legislatura, que son quienes naturalmente deberían impulsar la enmienda legislativa. Una razón esgrimida con insistencia es el costo elevado de los procesos individuales (hay 41 concursos de esta modalidad en trámite). Ocurre que, amén de la manutención de la estructura burocrática permanente, desde este año el órgano abona honorarios a los jurados que sustancian la oposición.