El uso de casco

Muy pocos, contados y excepcionales motociclistas usan casco en Tucumán. Habría que recomendar a las autoridades que tomen el ejemplo de Santiago del Estero, que desde hace varios años sigue una sostenida política de prevención. A quien no lleva casco, se le quita la moto hasta que pague la (onerosa) multa y la estadía en el corralón. Disminuyó la gravedad de las heridas de los accidentados. Y muchos salvaron el pellejo gracias a que lo llevaban puesto.

Juan Manuel Aragón

juanmanuelaragon@gmail.com


Jubilados

LA GACETA del 9/9 nos trajo la esperada noticia de que la Provincia de Tucumán, mediante una ley sancionada por la Legislatura, se adhería a la Ley nacional n°27.260 “Programa Federal de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” con la expresa declaración de que el blanqueo de capitales servirá para solventar el pago del 82% móvil al sector pasivo. ¡Albricias, jubilados! Pero nos queda un corto trecho de espera y que es la promulgación y reglamentación por parte del gobernador Manzur, que sin lugar a dudas autorizará la llegada de los veedores de la Anses, como ordena la ley nacional, para determinar el monto real de la deuda y cerrar el circuito recibiendo el pago de esos pesos que legítimamente nos corresponden. En tantos años de reclamos unidos e identificados como los jubilados de la plaza tenemos que lamentar la ausencia de aproximadamente 24.000 que murieron en esta lucha porque de 36.000 transferidos calculamos que seguimos con vida y soñando nos paguen la histórica deuda, unos 12.000.

Ángel Ricardo Salguero

salgueroricardoangel@gmail.com


Planes nacionales

Quisiera hacer un aporte a la denuncia formulada por la senadora nacional Silvia Elías de Pérez, ante la Justicia federal, mediante la cual solicita que se inicie una investigación sobre el manejo de los fondos vinculados con los planes nacionales “Más cerca I y II”, en los municipios y comunas de Tucumán, presentación que se difundió ampliamente por LA GACETA el 4/9. Por el artículo 3 de la Ley 8.577, los municipios debían adherir al citado plan nacional, por ordenanza sancionada por los respectivos concejos deliberantes, y por el artículo 5° de la misma ley, los concejos deliberantes debían autorizar a los intendentes a comprar y adjudicar obras en forma directa. En Banda del Río Salí se presentó una situación muy particular dada por el hecho de que, al momento de aprobarse las dos ordenanzas en cuestión, en el Concejo se desempeñaban como concejales dos hermanos del ex intendente Zacarías Khoder, y también la esposa actual del intendente del municipio bandeño. Por lo tanto estaban ampliamente informados de lo que sancionaban, y uno de esos concejales podía informar a su pareja, que tenía la función de coordinar y controlar el manejo de los planes nacionales en el municipio de Banda del Río Salí. Considero que también se debe investigar la participación y responsabilidad que tuvieron funcionarios de segunda línea del Ministerio del Interior, que se desempeñaron como “coordinadores de secciones”, y que por lo tanto tenían contactos directos y diarios con los intendentes y delegados comunales del interior, y que se identificaban como “subsecretario de Estado, coordinador de la sección Este”, por ejemplo. Por sus funciones como coordinadores y controladores, sin ninguna duda, estaban perfectamente informados de todos los manejos del plan nacional, y por lo tanto están en inmejorables situaciones para aportar datos a la Justicia sobre los supuestos ilícitos cometidos durante el manejo de los planes investigados. Considero sospechoso el hecho de que algunos de estos “coordinadores” hayan terminado siendo intendentes, en la actualidad, de los municipios que debían controlar, y que llamativamente cuando asumieron sus funciones nada informaron sobre el mal manejo de los planes sociales.

José Emilio Gómez

Reyes Católicos 112

Banda del Río Salí


Ley de Mecenazgo

Se denomina mecenazgo a una forma de financiar las actividades culturales, la cual consiste en un incentivo fiscal para quienes destinan aportes a dichas actividades. Pero en Tucumán no existe. Tucumán no tiene reglamentada la ley. No está en vigencia. Aquí la cultura padece varias asignaturas pendientes por parte del Estado. Es que quizás no sepan que la cultura esta íntimamente relacionada con la educación. ¿Por qué este olvido? La cultura es la base donde la comunidad construye su identidad, su pertenencia, su entidad. ¿Qué está pasando en Tucumán? La ley existe; pero no su reglamentación. ¿Por qué? La Ley 7.476 dice en artículo 1º: “El objeto de la presente leyes estimular e incentivar la participación privada en el financiamiento de proyectos culturales, artísticos, educativos, científicos y técnicos complementando la inversión pública”. Y es por ello que sobre este asunto el Instituto Cultural del Tucumán, viene gestionando ante el Poder Ejecutivo provincial la reglamentación de la Ley 7.476 (que hace más de 11 años espera entrar en vigencia), porque los tucumanos la necesitamos para el afianzamiento y desarrollo de los cimientos de nuestra cultura. Necesitamos difundir los hechos, la libertad, la identidad, el arte, las ciencias, el pensamiento de nuestro pueblo. Y para ello es fundamental el apoyo de la iniciativa privada a través de la Ley de Mecenazgo; pero sólo falta su reglamentación. Esperamos que el gobernador Manzur dé ese impulso que necesita la cultura de Tucumán. Y no olvidemos que: “Sólo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe.”(Miguel de Unamuno).

Marcelo Funes

El Salvador 1.987

Yerba Buena


Reserva natural privada

En virtud de una noticia sobre la inauguración de una reserva natural privada, quisiera aclarar algunos conceptos y expresar mi preocupación, más allá de que esta RNP se encontraría avalada por la Convención de Diversidad Biológica, firmada en 1992 por el gobierno argentino, y ratificada en 1994 por el Congreso Nacional, mediante la Ley 24.375. Reserva natural privada se define como “... una porción de terreno de cualquier superficie de propiedad privada, manejada para la conservación de la biodiversidad y/o el uso sustentable de sus valores naturales...” Ello implica, fundamentalmente, el desarrollo de acciones de conservación tales como: restauración de ambientes, relevamientos, diagnósticos y monitoreos de flora, fauna, recursos hídricos, suelos, clausura de zonas con presencia de especies de alto valor para la conservación. entre otros. También pueden realizarse actividades productivas como: agricultura, apicultura, ganadería y, a lo que más temor tengo, es a que también se permitiría un “uso residencial o inmobiliario”. Desgraciadamente nuestro pedemonte ya está aniquilado. ¡Basta, por favor! Por eso se debe contar con un estudio de impacto ambiental y gerenciar/manejar dicha reserva de una manera eficiente para la conservación de la biodiversidad o el uso sustentable de los recursos, especies y ambientes que albergan y que nuestros gobernantes hagan cumplir la ley monitoreando eficazmente estos proyectos. Ruego que esto se cumpla.

Jorge Antonio Rojas

rojas.jorgenatonio@arnet.com.ar


Gobierno y violencia

¿Quién es responsable de la violencia que sufren los ciudadanos argentinos? En caso de pérdida de bienes o vidas, como consecuencia de ataques de delincuentes, los ciudadanos deben demandar al Estado argentino y solicitar la reparación de daños y perjuicios sufridos. El Estado es el único que posee la potestad de armarse contra la violencia y el delito y reprimirla. Y el único que puede hacerlo. En caso de que la violencia continúe, la ciudadanía no puede seguir sufriendo estos desmanes. Los primeros responsables, y que deben ser denunciados, son los funcionarios a cargo de la seguridad, y subsidiariamente el Gobierno. Si los funcionarios son incompetentes para las funciones, o no son especialistas en sus tareas, las personas no tenemos la culpa. El Estado debe extremar los medios para que seamos protegidos de la violencia y el delito. Especialmente por tratarse de delitos exacerbados por el uso de narcóticos, desde el vamos, estos hechos afectan el tejido social de muchas maneras. Por ello se debe evitar la venta de narcóticos, especialmente en los barrios, de todas las formas posibles. Hoy hay familias enteras en el territorio argentino que viven de la venta de sustancias adictivas y peligrosas, y desearían ser nombrados como “comerciantes”, sin más. A veces, ponen al frente de la acción antidelictiva a verdaderos improvisados que son culpables de la pérdida de vidas y bienes de los ciudadanos. El Estado es el único responsable y hasta ahora sólo busca cómo lavarse las manos.

María Elena Jiménez

redsolsalta2009@gmail.com


Pacificar los ánimos

Con dolor y fastidio he leído en LA GACETA del domingo que, al referirse al concejal Ricardo Bussi, lo hicieron calificándolo como “El hijo del represor Antonio Bussi”, y a continuación, una frase suya. Me pregunto:¿es así como vamos a entendernos alguna vez los argentinos? ¿Acaso alguna vez han hecho comentarios como “el hijo del montonero.... o el hijo del terrorista”, al referirse a algún funcionario o parlamentario? No, porque no corresponde. Y aclaro que esta opinión nada tiene que ver con ideologías ni con pensamientos de nadie. Más allá de que pienso que la Justicia debe ser independiente del poder político y que deben tomarse decisiones con absoluta libertad, porque estamos en un sistema de gobierno democrático y republicano, no me parece que contribuya a pacificar ni a formar opinión el adjetivizar con este tipo de agresiones. ¿Hijo del represor? Me molestó muchísimo, de la misma manera que me molestaría que digan hijo de guerrillero, o hijo de terrorista, de manera absolutamente gratuita, al referirse a cualquier persona, en vez de nombrarla por su nombre o su cargo. Creo que la prensa tiene hoy un rol fundamental y que los argentinos de bien tenemos que buscar el camino de la concordia y la paz. No tiene sentido herir a nadie, ni agredir a ninguna persona refiriéndose a un padre o a una madre, cualquiera sea su ideología, y cualquiera haya sido el pasado de sus progenitores. El dolor y el sufrimiento que unos y otros han tenido, merece en todos los casos, respeto. Repetiré hasta el cansancio que tenemos que buscar la forma de pacificar y que los hijos no tienen por qué cargar responsabilidades de los padres en ningún caso, mucho menos cuando se usa esas definiciones de forma arbitraria. Bien podrían haber escrito “el concejal Ricardo Bussi”, o “Ricardo Bussi”, o “el hijo de Bussi”; el resto está demás y, sinceramente, no contribuye a nada.

Luz García Hamilton

luzgh@arnet.com.ar


Descaro

LA GACETA del 11/9 nos permite ilustrarnos con unas declaraciones del hijo de quien fuera condenado por la Justicia por crímenes de lesa humanidad, Antonio Domingo Bussi. El concejal Ricardo A. Bussi dice que el descaro y la desvergüenza han calado, en el marco de estos “linchamientos pseudojurídicos a militares octogenarios”, entre otras consideraciones. A mi criterio estos ex uniformados y colaboradores del gobierno de facto que se instaló arteramente aquel 24 de marzo de 1976, -han pasado nada más que 40 años- “para aquel entonces los procesados hoy tenían 40 años menos”. No defiendo a los jueces, una de los cuales, según Bussi fue querellante; defiendo con mis pocos conocimientos a los miles de militantes de organizaciones estudiantiles, o grupos de gente joven que participaban políticamente en la JUP. En San Pablo, localidad donde nací y actualmente vivo, todavía permanecen 12 jóvenes desaparecidos. Su padre que fuera sepultado en un cementerio privado en Buenos Aires, fue gran responsable de la muerte de muchos jóvenes. En aquel entonces Antonio Domingo Bussi fue juez y parte. ¿No cree el abogado Bussi que la actuación de algunos de esos colaboradores, a los que tanto defiende, no hicieron un “sainete” masacrando gente inocente? El 12 de septiembre, los hermanos de Luis Eduardo Falú, que fuera muerto por su padre -según el gendarme Omar Torres-, realizaron un sepelio en el cementerio San Agustín. Fue otra víctima más, que cayó a manos de su progenitor. Con tantas pruebas y testimonios, me pregunto si Ricardo Bussi va a seguir defendiendo lo indefendible. ¿Alguna vez hará silencio por respeto?

Carlos A. Drube

carlosdrube1@gmail.com


Burocracia en la Anses

En octubre de 2015 comencé a gestionar en la Anses de Yerba Buena un reintegro por contención familiar, debido al fallecimiento de mi tío, ocurrido el 14/8/15. Lógicamente que, luego de varios intentos por conseguir número, lo logré luego de haber concurrido a las 4 de la mañana, sufriendo las inclemencias del tiempo, ya que en ese local no existe comodidad alguna, ni siquiera sanitarios. Pero esto en mi caso sería superable, no así la situación que atravesé durante la cantidad de veces que fui durante ocho meses, en las que realicé los siguientes trámites: presenté las facturas correspondientes a los gastos y que estaban a mi nombre; me pidieron que vuelva con mi acta de nacimiento y de casamiento; con los serios inconvenientes para conseguir número, presenté lo solicitado y me rechazaron el trámite, porque faltaba el acta de defunción de mi tío, a quien le hicieron una autopsia para determinar la causa de su deceso. Esto demoró su emisión. Otra vez el tema del número y un nuevo rechazo: el acta tenía que ser legalizada. Además, debía agregar el acta de defunción de mi padre legalizada. Nuevamente el número; y otro rechazo: debía corregir una de las facturas pues no tenía mi número de CUIL. A todo esto, se acercaba el final del plazo para hacer estos trámites, y que es de un año. El 27 de julio pasado consulté por la factura corregida y me emitieron un impreso para ver si la empresa emisora se encontraba en condiciones, cosa que así ocurrió. A todo esto cometí un gran error al no pedir el número de expediente, porque lo venía tramitando; además nadie me indicó. Otra vez el número, y un nuevo rechazo: faltaba el acta de nacimiento de mi abuelo, quien al nacer mi tío, el fallecido, tenía en 1935, 48 años. Es decir que mi abuelo nació en 1887. Claro, el empleado que me atendió no tenía idea que en esa época no existía el Registro Civil, sino que se lo hacía en la iglesia del lugar. Esto me resultó imposible de conseguir. Faltando 15 días para cumplir con el plazo máximo, saqué número para informar (es decir, intenté), pero no me lo dieron porque tenía que sacarlo por internet. Diez días corridos deambulé por los ciber sin éxito. Concurrí nuevamente para exponer mi situación al señor gerente, quien no pudo atenderme. Sí lo hizo una empleada a quien manifesté lo que venía haciendo y la fecha tope que era el día 14/8/16 (domingo). Esta entrevista sucedió el 11/8/16. Lo que me faltaba, tenía que hacerle un agregado a la factura. Imposible me resultó, pues quien la emitió no se encontraba en el país. Como el día 15/8/16 fue feriado, fui el 16, y un rechazo total por vencerse el plazo de un año. Lo peor es que no tenía número de expediente porque nadie me registró. O sea que, para el organismo, yo no cumplí. Me pregunto qué derecho me asiste por asesoramiento con serias fallas, si lo que yo buscaba era un reintegro para completar el costo de la placa identificatoria y que tiene un valor muy oneroso. Las autoridades tienen la solución a esta situación. ¿Por qué tanta buracracia?

Pedro Chocobar

Pueyrredón 1.245

San Miguel de Tucumán


Unidas por el dolor

Cubiertas sus cabezas por un pañuelo negro, manifestación de su sufrimiento y su duelo, las madres del dolor inundan de lágrimas los pasillos de tierra del barrio La Costanera. Ya no existe la infancia, niños de 7, 8 años empiezan a drogarse; Elsa no se equivoca; describe el drama de los apenas niños, de los adolescentes y jóvenes adictos; flacos caminando como zombis por el fango; las chicas de apenas 11, 12 o 13 años llegan a vender sus cuerpos para conseguir drogas. El uso y abuso del “paco” y de otras sustancias en poblaciones especificas como los niños y adolescentes en estos lugares y otros barrios, donde resulta difícil garantizar los derechos básicos, como alimentación, educación y vivienda digna, el consumo de drogas y sus consecuencias trae graves daños y perjuicios sociales en situaciones de marginacioón y pobreza extrema, verificándose la existencia cada vez mayor de niños y adolescentes en situación de calle, sin hogares o con hogares desintegrados. El avance del consumo de “paco” pasó a formar parte de los excluidos de siempre y de las filas de los “nuevos pobres”. El periodista Roberto Delgado (panorama tucumano “La gran cacería”, 3/9) nos alertaba sobre este flagelo en La Costanera, al denunciar este incalificable y aberrante mal que asesina en un verdadero genocidio, ante la impotencia de las “Madres del dolor” y la indiferencia ante sus ruegos de algunos funcionarios y de los desalmados “narcos” y sus mercenarios. Dicen las madres del pañuelo negro: 2es muy triste ver chicos que venden todo, la ropa, lo poco que tienen, andan desnudos, son violados, los matan; es como estar en un cementerio viendo a muertos que caminan”. Si no se tratan las condiciones que permiten el ingreso de estas y otras drogas que afectan no sólo a los pobres sino también a todas las clases sociales, y mientras haya funcionarios que miran para otro lado, es dificil ver una salida a este creciente mal. Todos somos merecedores de vivir en paz, en armonía, en igualdad y justicia, sin ser dependientes de la miserabilidad y codicia de algunos individuos que maltratan con actitudes y mentiras controlando obra y vida a través de los dolores, necesidades e incapacidades de otros..

Pablo J.Giunta

Jujuy 575

San Miguel de Tucumán