Elvira Roldán supo por sus vecinos de Santa Lucía cómo se llevaron a su marido Fernando Soria Ovejero el 20 de agosto de 1975. Por ellos se enteró también, 20 días después, del hallazgo de su cuerpo acribillado frente a la Plaza Independencia. La mujer declaró en el juicio por la megacausa “Operativo Independencia” en el Tribunal Oral Federal (TOF). El proceso aborda crímenes ocurridos en 1975, durante el Gobierno de Estela Martínez de Perón.

Roldán contó que Soria Ovejero trabajaba como electricista en la Municipalidad de Monteros y que era montonero. Ambos tenían un bebé. “Esa noche- la del secuestro- estaba de guardia porque soy enfermera. Según vecinos que miraban por la ventana, lo habían levantado con un jeep del Ejército. Fui a la base. Uno al que le decían el ‘Turco’ Jaimé me dijo que mi marido no estaba ahí. El 12 de septiembre, unos vecinos me llevaron LA GACETA donde aparecía un recuadro en el que decían que había aparecido (el cadáver) frente a la plaza, atado y vendado. En la seccional 1° hice el reconocimiento. Me llevaron a la Jefatura, donde me tomaron una foto y me pintaron los dedos”, relató.

Explicó que tuvo que retirar el cuerpo en Monteros. Describió que el velorio fue en su casa y que, mientras duró, la manzana estuvo rodeada de militares. Describió que en Santa Lucía la gente vivía atemorizada y que eran frecuente los secuestros. “No hice nada de denuncias porque tenía mucho miedo”, aseguró. Consignó que su esposo había estado detenido por motivos políticos en la cárcel de Rawson en los 70 y que fue liberado en 1973 tras la ley de amnistía del Gobierno de Héctor Cámpora. Explicó que él siempre la mantuvo al margen de sus actividades políticas. Se conocieron y casaron en 1973.

Roldán afirmó que fue secuestrada junto a su hijo en febrero de 1977. “Mi hijo tenía dos años. A la madrugada entraron encapuchados a la casa. Levantaron a mi hijo. Fue un viaje largo y llegamos a un lugar donde había música”, dijo sollozando.

El defensor Adolfo Bertini advirtió que los hechos que estaba relatando la testigo no estaban relacionados con el proceso dado que no habían sucedido en 1975. “Solicitamos que no siga declarando. Si el Tribunal decide que siga, que no se tenga en cuenta”, pidió. El fiscal Agustín Chit recordó que un planteo similar ya había sido efectuado y resuelto por el Tribunal en una audiencia anterior. “Ya se habló de la espontaneidad en las declaraciones y de la vinculación de los hechos en la historia familiar. Pedimos que se rechace el planteo reiterativo”, requirió. El juez Gabriel Casas (presidente) no hizo lugar y le pidió a la mujer que continuara.

“Quiero hablar, sacarme esta mochila. Fueron torturas tras torturas todos los días. Me ataban, como crucificada, y estaba vendada. Me metían pistolas hasta la garganta”, manifestó y afirmó que cree que estuvo en La Escuelita de Famaillá. Con el tiempo supo de una decena de lugareños que fueron detenidos junto con ella. Describió que la liberación se produjo en septiembre. “El mismo días los sacaron a la viejita Rearte, a Oscar Roldán y a Miguel Robles. Nos tiraron en una zanja. Antes de irse uno dice ‘¿y el paquetito?’. Era mi hijo. Me lo tiraron en las piernas. Fue él el que me sacó la venda y me ayudó a desatarme. Salimos hasta la ruta 38, estábamos sucios y malolientes. El Centauro, un colectivo que iba a Santa Lucia, paró y nos llevó”, describió.

Al ser consultada por Bertini, recordó que supo que en el cadáver de su esposo dejaron un comunicado firmado por el CAN (Comando Armado Nacionalista), que se adjudicaba el asesinato. También que un primo de su marido supo que militares habrían comentado que lo que le pasó fue porque él era un “pez gordo”.

La Defensa pidió que se rechace el pedido de sumar testigos

Un planteo de la Fiscalía, que fue avalado por las querellas particulares, en la megacausa “Operativo Independencia” generó el rechazo de las defensas de los imputados (son 18 acusados). El fiscal Pablo Camuña -actúa junto con los fiscales Julia Vitar y Agustín Chit- informó a las partes que ya se había reunido la documentación que forma parte de la prueba suplementaria y que estaba a disposición en las oficinas de la Fiscalía. Se trata, en su mayoría, de legajos de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación (por trámites relacionados con las leyes reparatorias) y de prontuarios. Pidió que, con base en esos papeles, se citen a nuevos testigos cuyos nombres figuran allí. “Detectamos una situación que se repite. Se ofrecieron testigos y luego se constató que fallecieron o fue imposible localizarlos. A partir de los legajos, surgieron datos de nuevos familiares que no conocíamos. Pedimos que (se los cite) para que escuchemos testimonios de cada caso”, expresó. Precisó que se trata de familiares de tres de las víctimas por el momento.

Adolfo Bertini, que encabeza la Defensa oficial, requirió en primer lugar que la documentación pueda ser consultada en el Tribunal en vez de en la Fiscalía. Luego, explicó por qué pedirían a los jueces-a su equipo lo integran los defensores Vanessa Lucero y Martín Galliano- que rechacen el planteo. “El fiscal solicita que se agreguen nuevas pruebas por el resultado de la instrucción suplementaria. Se refiere a pruebas que surgen de expedientes de la Secretaría de Derechos Humanos. Aquí tenemos la querella de la Secretaría. No es una prueba que no se podría haber conseguido antes. Era de fácil obtención”, consideró. “No es el momento de investigar, sino de debatir. No podemos ir supliendo la mala investigación o la mala defensa ahora”, concluyó.

El defensor Facundo Maggio, que representa a Camilo Orce, se sumó al pedido de rechazo. “Esta parte había pedido la documentación de la Secretaría para constatar los testimonios que ahí se brindaron. Fue rechazada celosamente. Siento en situación de desigualdad. Es una reedición del ofrecimiento de prueba”, opinó. La abogada Nadia Orce, que actúa junto a Maggio en la defensa de su padre, pidió que se respeten los derechos de su familiar. “Tuvimos una instrucción de siete años. El primer año y medio tuvo actividad y el 80% fue de esta defensa. La etapa de ofrecimiento probatorio esta completada”, advirtió.

El Tribunal (Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga) dará a conocer su decisión en la audiencia del jueves.