La rectora de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Alicia Bardón, se comprometió ante el secretario de Políticas Universitarias (SPU) de la Nación, Albor Cantard, a elaborar un plan de achicamiento del gasto. Así lo confirmó la propia Bardón, quien el viernes tuvo una charla telefónica con el funcionario del área que depende del Ministerio de Educación.

“Nos comprometimos a hacer una propuesta para ver cómo podemos racionalizar el gasto sin sacrificar la parte académica”, explicó la rectora. Y agregó que hace unos 20 días estuvieron los contadores de la SPU buscando más información para completar el informe en el que están trabajando desde hace varios meses.

Este proyecto de achicamiento se inscribe o camina en paralelo con un “plan de encuadramiento”. Fuentes universitarias explicaron que se trata de un sinceramiento de actividades, tareas y dependencias que tiene la Universidad y que históricamente han sido aceptadas por la Nación, pero que sin embargo no reciben nada de presupuesto.

Como ejemplo, citan el Parque Sierra de San Javier (que posee más de 14.000 hectáreas de área protegida) y el desarrollo del área de salud. Esto incluye las tareas que lleva adelante la UNT en el Centro de Salud o en CAPS. Abarca, en el Centro de Salud, el mantenimiento de salas, la bomba de cobalto (que posibilita realizar radioterapia), y un laboratorio de alta complejidad para análisis oncológicos y de Sida. Todo eso, según detallaron, no recibe financiamiento de la Nación. Según los cálculos de técnicos de la Universidad, por año esta infraestructura en salud cuesta unos $ 70 millones. La UNT recibe $ 8 millones en conceptos de Fondos Salud que, por el déficit presupuestario, han sido absorbidos para cumplir con la planilla salarial.

Estas actividades fuera de presupuesto también comprenden a toda la oferta cultural universitaria. Por año se precisan unos $ 30 millones (en mantenimiento de salas y herramientas), además de lo que esas actividades generan como recursos propios.

La esperanza es que este “sinceramiento” y el proyecto de achicar el gasto sirvan para conseguir financiamiento extra o, al menos, que la Nación cumpla con el envío de partidas adeudadas, como los contrato-programas.

La UNT está atravesando uno de sus momentos más complicados en cuestión presupuestaria. Antes del inicio de las vacaciones de invierno, Albor Cantard se reunió con los rectores y con los 13 decanos en la sala del Consejo Superior para informarles que enviarían a contadores para recabar información sobre las cuentas. Luego trascendió que el cálculo que la SPU hacía del déficit estructural de la UNT era de unos $ 700 millones. A esa cifra hay que sumarle el rojo del primer semestre de este año que, según manifestaron desde la Comisión de Hacienda, sería de $ 272 millones. La estimación es que el año podría cerrar con más de $ 400 millones en déficit.

Por mes, actualmente la UNT recibe un poco más de $ 200 millones. Esa cifra le permite cubrir cargas sociales y sueldos. El pago de servicios se ha diferido.

Ser eficientes

El desafío es gastar menos. Según las planillas elaboradas por la Secretaría Económico Administrativa y la Dirección General Administrativa (DGA), la UNT tiene un consumo anual de teléfono de más de $ 2 millones; de luz, unos $ 6 millones; de gas, $ 50.000; y de agua, $ 1 millón. A eso hay que sumarle gastos de funcionamiento, seguros estudiantiles y de automotor, vigilancia y pasantías. Por año, desde el Rectorado calculan que todo esto -más sueldos de autoridades, docentes y no docentes- les insumirá casi $ 2.900 millones.

La UNT ocupa el quinto lugar en el presupuesto que cada año la Nación asigna a las universidades. Por encima están la UBA, Córdoba, La Plata y Rosario. Para 2016, la cifra era de casi $ 2.500 millones (sin incluir los acuerdos salariales vigentes).

Desde la UNT confían en que este achicamiento de los recursos sirva de “gesto” para que la Nación comience a enviar las partidas ya comprometidas y acceda a algunas sumas extras.

Volvió a caer un pacto por la conducción del Canal

Parecía que la fumata blanca entre el Rectorado y la oposición era un hecho y que los nombres de los directores para Canal 10 serían consensuados y que esto habilitaría que fueran ungidos en la sesión del Consejo Superior, el martes próximo. Sin embargo, nada de eso finalmente pasó.

Después del mediodía, ambos grupos habían intercambiado nombres y, tras un principio de acuerdo, habían conformado un listado de directores titulares y suplentes, y de síndicos titulares y suplentes. Desde el Rectorado confirmaron que seguían en pie las propuestas para que Rodolfo Burgos (subsecretario de Legal y Técnica) y Leandro Díaz (secretario Económico Administrativo y actual director suplente en la televisora) ocuparan los sitios en el directorio que dejaron Mauro Feldman y Daniel Moeremans. Como suplentes irían Mario Alderete (ex director de YMAD) y Francisco Mingolla (facultad de Medicina).

Cuando los consejeros opositores se enteraron de este orden pusieron el grito en el cielo, ya que mencionaron que el acuerdo era que Alderete fuera como titular. Es decir, uno del bardonismo y otro de la oposición. Lo que hasta el mediodía parecía un acuerdo, terminó en cruces de llamadas y discusiones. Los candidatos a síndicos tampoco consiguieron consenso. Desde el Rectorado mencionaron que irían como titulares Francisco Fourmantin (docente en Ciencias Económicas) y Federico Díaz (funcionario en Derecho); ambos nombres habían sido propuestos por el grupo opositor. Sin embargo, algunos consejeros advirtieron que ese no había sido el orden que ellos habían sugerido, sino Díaz (como titular) y Fourmantin (como suplente) porque el arreglo, según ellos, era un director y un síndico titular.