A 11 meses de estallado el escándalo por los subsidios discrecionales otorgados por la Legislatura, el legislador macrista Luis Brodersen -a través de su abogado, Carlos Correa- solicitó una serie de medidas de prueba en el marco de la acción declarativa sobre el uso de esos millonarios fondos, que tramita ante la sala II del fuero Contencioso Administrativo.

Entre la documentación requerida al tribunal figura un oficio, cuyo destinatario es el vicegobernador Osvaldo Jaldo, para que el cuerpo legislativo remita -entre otra información- los comprobantes generados entre julio del año pasado y agosto de este año por las rendiciones de cuentas de la -ya derogada- partida “ayudas sociales a personas”, conocida como gastos sociales, y de otros subsidios legislativos.

El macrista indagó además sobre los balances elaborados por el Tribunal de Cuentas durante los 13 meses en cuestión respecto a las erogaciones para subsidios. También consulta sobre los movimientos registrados en las cuentas bancarias oficiales del cuerpo colegiado en el Banco del Tucumán-Grupo Macro.

Como representante legal de la Legislatura, el subdirector de Asesoría Letrada, Manuel Ángel Vigliano, planteó la oposición y/o impugnación a la incorporación de todos los datos que pudieran surgir de ese oficio. Vigliano argumentó que se está intentando incorporar prueba a la causa de forma extemporánea; y que “el objetivo procesal del juicio en trámite ha desaparecido, al no existir más ayudas sociales”. “El presente proceso (...) se encuentra totalmente desnaturalizado, ya que se estaría transformando en una auditoría de otro poder del Estado, totalmente injustificada, que no hace a la pretensión procesal propia del objeto del presente juicio”, destacó el asesor letrado.

En valijas

El noviembre del año pasado, LA GACETA reveló que la plata para supuestos subsidios repartidos por la Legislatura durante la gestión del hoy gobernador, Juan Manzur, habían sido llevados en valijas desde el banco hasta la sede parlamentaria. En el 2015 electoral fueron ejecutados $ 615,6 millones en presuntas ayudas a personas necesitadas (el monto representa el 40% del total del presupuesto Legislativo del período anterior).

Debido a las sospechas que generó el manejo de esa plata, fueron iniciadas causas judiciales en el fuero penal (federal y provincial) y en el contencioso administrativo, donde están en curso al menos cuatro demandas; entre ellas la Brodersen.

El abogado del macrista formuló la semana pasada un planteo ante la sala II -integrada por Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello- para requerir la producción de una serie de medidas de prueba informativa.

En el primer punto, que contiene ocho apartados, apunta al envío de la documentación generada por las rendiciones de cuentas por los subsidios legislativos ejecutados entre julio de 2015 y agosto de 2016, mes en que fue eliminada la partida presupuestaria “ayudas sociales a personas” físicas (el Poder Legislativo continúa entregando auxilio monetario a personas jurídicas). El segundo punto, que cuenta con tres apartados, indaga sobre los movimientos bancarios en ese período.

El asesor letrado Vigliano impugnó, como representante legal de la Legislatura, las medidas solicitadas por el macrista.

“La parte actora pretende incorporar en forma antijurídica, por otro tipo de prueba -no idónea- al proceso en forma extemporánea, y violando el derecho de la defensa en juicio, la garantía del debido proceso legal, el de la igualdad de las partes”, consignó el abogado.

Advirtió luego que “el objetivo procesal del presente juicio ha desaparecido, al no existir más ayudas sociales”. Con esto, Vigliano aludía al decreto N° 0550-A/2016, dictado por Jaldo el 22 de agosto pasado, mediante el cual derogó la partida “ayudas sociales a personas”. “La cuestión planteada en autos ha perdido todo interés, y la intención de la parte actora se ha transformado en una cuestión abstracta, meramente especulativa”, redactó el asesor letrado.

Instancia

Vigliano objetó además la instancia para producir documentación informativa en la causa. “La oportunidad para ofrecer pruebas tiene por fin mantener un proceso ordenado, e impedir que una de las partes se vea sorprendida con medios probatorios que haya podido reservar su contraparte para el último momento, evitándose -además- la dilatación del procedimiento y la transgresión a las normas del debido proceso”, remarcó. Cuestionó además desde la óptica procesal los oficios cuya respuestas pretende Brodersen. “Acontece que ninguno de los instrumentos que se pide se soliciten por oficio al presidente de la Legislatura y oficio al Banco del Tucumán SA (sic) fueron acompañados e individualizados debidamente”, afirmó. E hizo reserva de promover incidente de nulidad “por alteración de la estructura esencial del proceso”.

Este es el segundo proceso judicial en el que le solicitan al vicegobernador detalles de las rendiciones de cuentas por los gastos sociales.

En septiembre, el fiscal federal Carlos Brito, en el marco de la causa sobre presunta evasión tributaria mediante el régimen de subsidios del Poder Legislativo, requirió la documentación respaldatoria de los fondos entregados entre junio y agosto del 2015 electoral ($ 207 millones). Luego de que Jaldo obtuviera una prórroga de 10 días, el presidente subrogante del cuerpo legislativo, el legislador oficialista Julio Silman, solicitó la suspensión de todos los plazos procesales y planteó que la causa fuera entendida de modo exclusivo por el juez federal Daniel Bejas o por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

Un defensor cuestiona al fiscal federal

El fiscal federal Carlos Brito, quien investiga la presunta evasión impositiva a través de la entrega de subsidios por parte del Poder Legislativo, consideró en un dictamen que los planteos defensivos formulados por dos oficialistas en contra de una medida de prueba -el envío de comprobantes de los gastos sociales- tenía un espíritu dilatorio. El representante legal del ex legislador Iván Llorens Dip, Nicolás Pedro Brito, salió al cruce del representante del Ministerio Público. “Sorprenden las manifestaciones de un fiscal que no sabe qué delito quiere investigar. Mal podría dilatar la investigación quien voluntariamente se pone a derecho, pues la calidad de imputado se la adquiere desde el primer momento de la persecución penal que lo vincule, no con el fin de estigmatizarlo, sino para rodearlo de garantías constitucionales”, señaló el letrado.

Acusó luego al fiscal federal de un “injustificable y grosero déficit de juridicidad”. “Hace propia una aviesa y desmañada incongruencia al expresar una parcial falta de distinción entre ‘Legislatura’ y ‘legisladores’, omitiendo lesivamente expresar que el oficio remitido a la Honorable Legislatura, legisladores, directores, etcétera; es decir, personas visibles. Legislatura es la institución que los cobija como un poder del Estado provincial extraño a cualquier competencia federal. ¿O pretenderá, por la confusión que abreva, que el oficio le sea respondido por el edificio legislativo?”, ironizó el abogado Brito. En rigor, el oficio enviado por el representante del Ministerio Público estuvo dirigido al vicegobernador, Osvaldo Jaldo. “No se puede desconocer la diferencia entre la persona ‘física’ y la ‘ideal’, como pretende nocivamente el encubierto y abstruso fin perseguido de manera inconstitucional”, planteó el defensor.