El paquete de medidas propuesto por el área de Seguridad del Poder Ejecutivo para combatir los delitos que se cometen en motocicletas, encabezados por los arrebatos, desató un huracán de posiciones tomadas. Ni en la Legislatura ni en la Casa de Gobierno se habló de otra cosa, y todos quisieron dar a conocer su opinión.

Son 10 las medidas que plantea la propuesta, entre las que se destaca la prohibición de que circulen dos hombres por moto y que desató la polémica. Consultado sobre el tema, el gobernador Juan Manzur fue cauto y evitó posicionarse de un lado o del otro. “Hay que estudiarlo bien, hay muchas referencias a nivel nacional e internacional. Hay pros y contras, creo que es un tema para debatir y analizar”, respondió. “Todo lo que sea en función de la prevención lo vamos a acompañar, pero es un tema que me parece que hay que analizarlo y debatirlo bien, como siempre lo hace la Honorable Legislatura”, insistió.

Por su parte, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, sostuvo: “el tema de la delincuencia y de los motoarrebatadores preocupa mucho en la provincia, pero tenemos que entender que para muchos tucumanos la moto es una herramienta de trabajo, es un medio de transporte para muchas familias. Hay que analizar y contemplar todas las variables”. Respecto al debate que generará la propuesta en la Legislatura, advirtió: “el bloque oficialista se va a reunir y analizarlo, pero todavía no tiene una postura formada respecto a este tema”.

En cuanto al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, intentó ponerle paños fríos al asunto. Aclaró que solo se trata de un proyecto y que todavía resta conocer las opiniones de todos los bloques políticos, que lo debatirán en la Legislatura. “Hay que ver qué sale de ese debate; lo importante es tener una herramienta más para luchar contra la inseguridad, que es el mayor problema que tienen la Argentina y muchos países”, expresó.

Si bien Amado consideró que los delitos que más se producen en Tucumán, como los arrebatos, son cometidos en motocicletas, también remarcó que “es un medio de movilidad para mucha gente que va a su trabajo o padres que llevan a los chicos a la escuela”. No obstante, destacó: “el uso del casco y del chaleco (llevaría la inscripción de la patente) están fuera de discusión. Tampoco podemos venderle una moto a alguien que va a delinquir. Y necesitamos el apoyo de la Justicia para detener a las personas que circulan en motos robadas”.

“Irracional”

Algunos legisladores, en tanto, ya adelantaron cuáles serán las posturas que adoptarán en el recinto. En el caso del radical Eudoro Aráoz, rechazará la medida. “La propuesta de prohibir la circulación de motos con conductor y acompañante del sexo masculino no sólo vulnera claramente el artículo 22 de la Constitución Nacional, referido a la libertad de transitar, sino que perjudicará a miles de trabajadores y familias que usan ese medio automotor y que generalmente son los de menores recursos”, sostuvo.

“Las prohibiciones nunca solucionaron un problema social -agregó-. Un claro ejemplo fue la prohibición que limitó fiestas y boliches después de las 4 de la mañana y que se puso en vigencia después de la muerte de Paulina Lebbos. En Tucumán falla el control policial y eso no se soluciona con una ley sino con políticas de seguridad”. En ese sentido, advirtió que este proyecto estigmatiza a los sectores vulnerables. “Hay que luchar contra la delincuencia con medidas inteligentes, respetuosas de la ley y de las personas”, criticó.

El legislador Luis Brodersen (Pro-A), por su parte, tildó de “irracional” al proyecto. “La falta de inteligencia y sentido común de la propuesta oficial es alarmante. Además de atentar contra las libertades individuales, estigmatiza a la gran mayoría de las personas que utilizan la moto como medio de transporte para ir a trabajar y no aporta nada positivo a la búsqueda de solución para uno de los principales problemas de nuestra provincia”, cuestionó. “Cabe imaginarse entonces que si los arrebatos se hacen a pie, en breve el Gobierno propondrá que se prohiba la venta de zapatillas”, ironizó.

En ese contexto, Brodersen resaltó: “lo que se necesita es que la Policía comience de una buena vez a hacer un verdadero trabajo de prevención en forma sostenida en el tiempo porque basta leer la crónica policial para advertir que los motoarrebatadores en su mayoría circulan en rodados sin patente, sin papeles y robados, por lo que si hubiese controles adecuados ya estarían detenidos”.

Otro parlamentario, Julio Silman (FpV), adelantó a través de su cuenta de Twitter que no apoyará la iniciativa. “Cumpliendo con normas viales, la moto es una herramienta para la clase trabajadora. No estoy de acuerdo con prohibir que circulen dos personas. El 2 de marzo, a las 18, convocamos a la Comisión Especial de Seguridad en la Legislatura a elaborar las recomendaciones que allí surjan”, publicó en la red social.

“Ridícula”

El subsecretario de Tránsito y Transporte municipal, Enrique Romero, también quiso comunicar su postura frente al polémico proyecto. “La idea de permitir que solo el conductor circule en moto, que está diseñada para dos personas, es de una supina ignorancia. Como si todos los asaltos o arrebatos se produjeran en moto exclusivamente”, cuestionó.

“Siguiendo la ridícula línea argumental de Paul Hofer (secretario de Seguridad), sería bueno que por ley obliguen a todos los ciudadanos que circulen en monopatín”, agregó, con ironía.

Según sostuvo Romero, entre 2012 y 2017, “Tucumán ha padecido un tsunami de violencia, donde solo la prensa gráfica local informó 668 homicidios y 972 heridos por arma blanca y/o de fuego, y esto no se soluciona con un ocupante por moto”.

“Hay ausencia de un Observatorio Interinstitucional de Violencia Criminal, que establezca valoraciones cuantitativas y cualitativas sobre el fenómeno delictivo, que diferencie el riesgo de acuerdo a la edad, sexo, territorio y posición socioeconómica. Lo que deben hacer es crear un Programa Provincial de Prevención del Delito, a implementarse en barrios de alta vulnerabilidad social, sin caer en el prejuicio de considerar como potenciales ofensores de la Ley Penal, solo a ciertos grupos por su condición social y económica”, propuso el funcionario municipal.