Un sector de jueces -la Cámara Penal de la capital- impulsa la suspensión de seis concursos iniciados por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) en 2016. El planteo cayó mal en los Tribunales de Concepción y la respuesta llegó de inmediato mediante una nota firmada por seis jueces de esa jurisdicción que participan en los procesos en cuestión. Estos concursantes son el juez de Instrucción Guillermo Acosta; los fiscales Edgardo Sánchez, Jorge Echayde, Fabián Rojas y Miguel Ángel Varela, y la defensora oficial Carolina Ballesteros. Todos ellos calificaron de infundada y extemporánea la pretensión de paralizar los procesos convocados para preseleccionar a los integrantes de las salas II y III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. Y notificaron al CAM que judicializarían una eventual decisión favorable a los camaristas penales capitalinos.

El meollo del conflicto que enfrenta a jueces contra jueces es la proyectada transformación de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción en el Tribunal de Impugnación del nuevo Código Procesal Penal cuya implementación está prevista para septiembre. El proyecto de ley que baraja el oficialismo asignaría a ese estrado la función de revisar las sentencias que emitan los tribunales de juicio y los jueces encargados de controlar las investigaciones penales preparatorias. Esto quiere decir que el Tribunal de Impugnación asumiría las tareas que en el presente desarrollan la Corte (examen de los fallos dictados en el juicio oral) y la Cámara de Apelaciones (control de la labor de los jueces de Instrucción). La iniciativa colocaría a los restantes jueces (camaristas penales, y magistrados de Instrucción y correccionales) en el cuerpo a cargo de intervenir en la etapa previa al juicio oral y en el debate.

Esta nueva organización dio pie a los camaristas penales de San Miguel de Tucumán a pedir la suspensión de los concursos y la reapertura de los plazos de inscripción mediante una nota presentada por el presidente Dante Ibáñez. Según ese juez, el cambio de incumbencias proyectado no existía al momento de convocatoria de los procesos y, por esa razón, los camaristas penales no sopesaron la posibilidad de competir para ser camaristas de Apelaciones y, eventualmente, de Impugnación. El CAM recibirá a Ibáñez en una audiencia antes de tomar una decisión. Pero los seis jueces-concursantes del sur ya anticiparon que ofrecerán resistencia: amén de ello, recusaron a Carlos Caramuti, consejero por los jueces capitalinos y camarista penal, y exigieron la exclusión de jurados que desempeñen funciones en el estrado de Ibáñez. “Nadie puede alegar su propia torpeza, menos aún para pretender paralizar concursos con el fin de acceder a cargos de mayor jerarquía y cuando ello implica afectar el funcionamiento de un tribunal fundamental para la Justicia penal”, dijeron.