Las paritarias en los poderes del Estado provincial determinaron gran parte de las subas porcentuales para los sueldos de la administración pública en el período 2017-2018. Y en el “pelotón” de quienes ya definieron sus incrementos se inscribe el Poder Legislativo.

El vicegobernador Osvaldo Jaldo confirmó esta semana que, en línea con lo acordado entre el Poder Ejecutivo (PE) y la mayoría de los gremios estatales, los salarios en la Legislatura crecerán el 23%.

Este número no sólo impactaría en los haberes de los funcionarios y de los empleados de planta y transitorios (entre ellos, los llamados de los “bloques políticos”), sino también en la dieta que perciben los representantes del pueblo.

“Como lo hemos venido anunciando, este es el año del esfuerzo. Los diferentes poderes (de la Provincia) tienen que afrontar los incrementos dentro del marco presupuestario aprobado para este año, y nos hemos ajustado a lo decidido por el Gobierno provincial. Es decir que hemos dado el 23% de aumento en general para todos los que dependemos del Poder Legislativo”, explicó Jaldo.

En Casa de Gobierno, las subas para cada repartición se van definiendo en negociaciones con los respectivos gremios. Así, los estatales y los docentes cerraron el 23% y un adicional no remunerativo de $ 2.500 a pagar en dos cuotas: el 10% inicial más $ 1.550 en marzo; y el 13% restante y otros $ 950 en septiembre.

Algunos de los que siguen en conversaciones son el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvydu), el Instituto de Previsión y Seguridad Social (Ipsst, más conocido como “Subsidio”) y los sindicatos de la sanidad. También resta el área de la seguridad (policías y guardiacárceles), aunque estos estatales no cuentan con representación gremial. La intención del PE es cerrar esta semana los números definitivos.

Para el Poder Judicial, en tanto, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) concedió una suba salarial del 16%. Los cargos más bajos (ordenanza, personal de maestranza, ayudantes judiciales y encargados auxiliares) obtendrán además una suma fija de $ 700. Sin embargo, estos números no conformaron a los diferentes gremios, que reclamaban más de un 30%. Es la primera vez en más de una década que los “judiciales” reciben el porcentual más bajo de la administración pública provincial.

En el Poder Legislativo, los representantes gremiales y los propios legisladores también habían sido consultados por las autoridades en las últimas semanas. Sin embargo, el vicegobernador ya le había adelantado a LA GACETA que el número definitivo iba estar en línea con lo acordado por el Ejecutivo (de hecho, el reglamento interno del cuerpo colegiado le otorga al titular de la Cámara las máximas facultades administrativas sobre los recursos propios). Así, según fuentes extraoficiales, Jaldo firmó en la última semana el decreto interno que fija el 23% para todos los “legislativos”.

Para los representantes del pueblo, que por disposición constitucional sólo pueden cobrar su dieta (un equivalente al sueldo), estas paritarias tenían un condimento especial, ya que eran las primeras desde la derogación de la partida “ayudas sociales a personas”, desde donde se nutrían los investigados “gastos sociales” (o “gastos de bloque”) de la Legislatura.

En la actualidad, la dieta ronda los $ 45.000. Con el impacto del 23% definitivo -en septiembre próximo-, el monto mensual total quedaría en unos $ 55.000. Pero la cifra será bastante inferior a los recursos totales que manejaban los representantes del pueblo hasta mediados del año pasado.

Aunque los abogados del Poder Legislativo negaron la existencia de los “gastos sociales” ante la Justicia, hubo parlamentarios que admitieron el uso discrecional de esos fondos. El último en hacerlo fue el manzurista Reneé Ramírez, quien en agosto aseguró que percibía $ 150.000 al mes para esas ayudas. Pocos días después, el vicegobernador firmó el decreto que eliminó los “gastos sociales”.

En los últimos meses hubo reuniones entre autoridades legislativas y jefes de bloque para tratar de buscar un sistema alternativo que permita mejorar la situación de los parlamentarios. “Nosotros, por ejemplo, no tenemos la bonificación por título y otros ítems que mejoran los sueldos del Poder Judicial. Pero sí pagamos Ganancias”, señaló uno de ellos. Así, la idea de equiparar la “dieta” con los ingresos de los jueces parece aún lejana.