Denuncian que la licitación de El Naranjal está demorada por "anomalías administrativas"

Los cruces entre el Gobierno provincial y el Nacional se repiten cada vez con más frecuencia. Y parecen incrementarse a medida que se acercan las elecciones legislativas. Esta vez, el motivo del conflicto son las demoras en la licitación de las obras de las presas de El Clavillo y El Naranjal. Desde la administración tucumana aseguran que, en el último caso, se deben a problemas administrativos de la Gobierno central.

El titular de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Sisto Terán, le mandó hoy una nota al subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartúa. Lo hizo luego del informe que publicó hoy LA GACETA: el funcionario nacional había dicho que estas obras estaban paralizadas porque el gobierno de Juan Manzur no cumplió con exigencias necesarias para tales licitaciones.

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“El Gobierno tucumano debe cumplir con los procedimientos que hacen falta. Esto implica que tiene que firmar el convenio para la financiación del proyecto de ingeniería de El Naranjal, que la Nación está dispuesto a cubrir en un 100%, ejecutar los estudios de impacto ambiental y además debe hacer una resolución de no innovar que garantice los terrenos bajo influencia del embalse”, había explicado Bereciartúa.

SISTO TERÁN. Titular de la Unidad Ejecutora Provincial. ARCHIVO

Terán le respondió mediante una nota que la Provincia no pudo avanzar con estos trámites a causa de la “violación procedimientos administrativos” en los que habrían incurrido funcionarios nacionales.

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“El 1 de junio de 2016, Bereciartúa, Daniel Chaín (el ex secretario de Obras Públicas de la Nación) y José Cano (titular del Plan Belgrano) firmaron un convenio de contratación directa para la construcción de la presa El Naranjal, que fue protocolizado por la Universidad Nacional de Tucumán y aprobado el 30 de agosto por el Consejo Superior de esa casa”, explicó Terán.

Según dijo el titular de la UEP, tiempo después, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior de la Nación señaló que en ese convenio se violó el artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos. “Firmaron un convenio de contratación directa de un trabajo de consultoría sin autorización y facultades legales para hacerlo, no requirieron un dictamen jurídico previo y no solicitaron el servicio contable de las adecuaciones presupuestarias pertinentes”, enumeró.