La palabra había cerrado una centena de testimonios durante el año y tres meses de juicio. Algunos la pronunciaron con la voz desgarrada por dolor; otros, con el tono fortalecido -y con bronca- por 42 años de espera; y varios, con el timbre suavizado por la esperanza. “Tomamos lo que se dijo de diferentes formas, con mayor elaboración o con las palabras más sencillas. Pedimos que se haga justicia”. El término resonó dicho esta vez por el fiscal Pablo Camuña y selló ayer el alegato que había comenzado hace más de 10 días.
La Fiscalía, que integran también Julia Vitar y Agustín Chit, concretó ayer el pedido de pena para los 17 imputados de la megacausa Operativo Independencia, el proceso oral más grande de la provincia y el número 12 por delitos de lesa humanidad.
Tras leer las 266 víctimas, requirieron a los jueces del Tribunal Oral Federal (Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga) que condenen a prisión perpetua a 10 de los ex miembros de las fuerzas y al resto, a entre tres y 20 años. Los acusaron de la presunta comisión de delitos que van desde secuestros y torturas hasta homicidios, violaciones y robos (las acusaciones son diferentes y varía el grado de participación).
“Aparato estatal”
Pidieron que las eventuales condenas se cumplan en la cárcel y que se declare que no existió un conflicto armado interno entre 1975 y principios de 1976 en Tucumán. Además, exigieron que se investigue por supuesto falso testimonio a cuatro declarantes de las defensas y que se anulen causas contra algunas víctimas (por la ley que penaba “actividades subversivas”).
Camuña caracterizó los hechos juzgados como de “enorme violencia” y cometidos por el “aparato estatal transformado en uno criminal”. “La asociación ilícita que se montó sobre el Estado perduró con algunos mecanismos que se proyectaron más allá de la democracia. Además del ocultamiento de la verdad, buscaron evitar que estos procesos se lleven adelante”, consideró. Lamentó que los imputados no muestren arrepentimiento, aunque afirmó que tampoco lo esperaba. “Prefieren sostener estas técnicas de neutralización”, graficó e hilvanó los dichos de la mayoría de los sospechosos: que los hechos fueron inevitables; que hubo una guerra y que los agresores fueron las víctimas. Hizo especial hincapié en la magnitud (“es inconmensurable”, dijo) y en la trascendencia (“es transgeneracional”, graficó) del daño. “El pacto de silencio se mantiene y es una manera en la que los imputados mantienen todavía cierto poder”, sentenció.
El jueves comenzarán los alegatos de las defensas. Durante la mañana será el turno de los letrados Julieta Jorrat (José Figueroa); Mario Leiva (Roberto Abba) y Nadia Orce (Camilo Orce). Por la tarde, comenzará a alegar la Defensa oficial por el resto de los imputados. Está integrada por los abogados Adolfo Bertini, Vanessa Lucero y Martín Galliano.
Imputado por imputado
Roberto “El Tuerto” Albornoz: prisión perpetua.
Luis De Cándido: prisión perpetua.
Ricardo Sánchez: prisión perpetua.
Manuel Vila: prisión perpetua.
José Cuesta: tres años de prisión.
Miguel Ángel Moreno: prisión perpetua.
Ramón Jodar: 20 años de prisión.
Camilo Orce: 18 años de prisión.
José Luis Figueroa: 7 años de prisión.
Néstor Castelli: prisión perpetua.
Jorge Lazarte: prisión perpetua.
Pedro López: 13 años de prisión.
Alberto Svendsen: 12 años de prisión.
José Roberto Abba: 18 años de prisión.
Jorge Capitán: prisión perpetua.
José Del Pino: prisión perpetua.
Omar Parada: prisión perpetua
Murieron Pedro Burtnik y Julio Meroi; Enrique Bonifacino fue separado.
En números
266 víctimas tiene la megacausa.
102 víctimas permanecían desaparecidas. Los restos de 12 fueron identificados.
71 audiencias se celebraron.
400 testigos pasaron por la sala de audiencias.
Acusadores
Las querellas particulares pidieron duras penas para los imputados
Pablo Gargiulo, de la Secretaría de DDHH de la Nación, pidió perpetua para Jorge Capitán, Enrique Del Pino, Jorge Lazarte, Roberto Albornoz, Luis De Cándido, Manuel Vila, Ricardo Sánchez y Omar Parada. Para Alberto Svendsen, pidió 12 años. Representa también casos particulares. La querellante Liliana Molinari, abogada de Margarita Cruz, solicitó que los delitos sean considerados como genocidio. Pidió 25 años para Lazarte, Svendsen, Del Pino, Sánchez, Albornoz, Néstor Castelli, Parada y De Candido. La querella representada por Inés Lugones, Pedro Orieta y Rodrigo Scrocchi solicitó prisión perpetua para Lazarte, Albornoz, Svendsen, De Cándido, Del Pino, Parada y Castelli. Representan a José Loto, Juan Chaparro, Daniel Cantos y Néstor y Rosa Zurita, entre otras.
Margarita Cruz
Uno de los testimonios de sobrevivientes que estremeció la sala
Una de las particularidades del juicio fue la cantidad de sobrevivientes que declaró. Margarita Cruz relató que fue secuestrada dos veces en 1975. Tenía 21 años, estudiaba y tenía un bebé. Detalló que fue llevada a La Escuelita, donde fue torturada. “Les pedía que me mataran, que tuviesen piedad”, expresó. Pudo ver a otros detenidos y relató una violación. “Me llevaron a una habitación. Me violaron. Me decían ‘guerrillera hija de puta’”. Relató que le hicieron firmar una declaración que no leyó. Por miedo, tras ser liberada, se fue a Buenos Aires. “Esperé años. No vengo a revictimizarme, llevo en el cuerpo toda la memoria. El testimonio de un sobreviviente es importante no por lo que me pasó a mi, sino porque nos pasó todos. No busco venganza”, concluyó.