Vencido el plazo, ni las autoridades del Concejo Deliberante de Concepción ni la Provincia respondieron al pedido de información que les formuló la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. La Justicia pretende conocer detalles sobre los 110 beneficiarios de un subsidio social que administra ese cuerpo.
La requisitoria se concretó en el marco de las investigaciones que lleva adelante el tribunal a partir de un planteo de “aseguramiento de prueba” que había formulado el edil Alejandro Molinuevo (Cambiemos). Frente al incumplimiento, ahora el concejal macrista reclamó ante la Cámara en lo Contencioso y Administrativo que vuelva a notificar a Carlos Fúnez, presidente del Concejo Deliberante de Concepción, y al fiscal de Estado, Daniel Leiva, a fin de que presenten las documentaciones requeridas en un plazo de 48 horas.
El edil opositor exigió que esta nueva requisitoria se les formule bajo apercibimiento de ser sancionados con una multa diaria y progresiva de $500 en caso de volver a incumplir el pedido. Los oficiados tenían cinco días para contestar, pero -según el concejal litigante- no lo hicieron.
Molinuevo encaró el proceso judicial ante las sospechas de que las autoridades del cuerpo deliberativo habrían incurrido en manejo irregular de los recursos que envía el Gobierno provincial para los 110 beneficiarios. En la causa por “aseguramiento de pruebas” la Justicia había requerido el listado completo de los beneficiarios del subsidio social y los recibos en original emitidos por el Concejo y que documentan el pago a estas personas y las constancias que avalen el depósito del importe total mensual de la partida destinada a ese fin, entre otros datos.
Antecedentes
El beneficio fue comprometido por el gobernador, Juan Manzur, con el fin de brindarles contención a los empleados que habían sido cesanteados en 2015 por el intendente Roberto Sánchez.
La medida había generado una larga protesta que duró varios días y que mantuvo paralizada la Intendencia al poco tiempo de haber asumido el ex legislador radical. Se trata de un grupo de trabajadores que, antes de finalizar su mandato, Osvaldo Morelli había incorporado a la planta permanente de la Municipalidad.
Los despedidos fueron absorbidos por el Concejo Deliberante y la Provincia comenzó a girar a esta institución fondos para el pago a ese personal. En un año recibió más de $10 millones.
“Llegaron fondos a la cuenta del Concejo Deliberante y nunca se rindió cuenta de estos. No sabemos por cuánto fueron esos montos y quiénes se beneficiaron. Es un procedimiento del que solo participaron las principales autoridades del Concejo”, reforzó Molinuevo. Según el edil macrista, en la presentación que acaba de formalizar también pidió que en el caso en cuestión se le brinde intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, en razón de que están en danza recursos públicos.
“Creo que la Justicia, y así lo he planteado, tiene además que analizar la posibilidad de proceder al secuestro de las documentaciones que se les está negando a brindar” afirmó Molinuevo.
“En estudio”
Adolfo Saracho (FpV), vicepresidente del Concejo Deliberante, negó que el cuerpo haya incurrido en desobediencia judicial cuando aún no está en claro la competencia de un planteo, que es analizado por los letrados del cuerpo.
“Solo sé que se está estudiando el tema. Y seguramente daremos la respuesta que corresponda”, sostuvo el edil, ligado a la Casa de Gobierno. Saracho insistió en que Molinuevo debería preocuparse por temas mucho más controvertidos y que refieren al manejo de los fondos por parte del municipio.