La imputada y denunciante Roxana Teves es la autora de la única impugnación formalizada contra los aspirantes a ocupar las sillas del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) reservadas para la abogacía. Teves cuestionó la candidatura del letrado Alfredo Falú, quien se postula como suplente de Jorge Conrado Martínez, consejero sustituto saliente de la capital. La presentación incoada ante la Junta Electoral Provincial (JEP) sostiene que el postulante es inhábil moral para ocupar el cargo que pretende. Aquel rechazó todo y trató a la impugnante de mentirosa.

“Falú fue autor de múltiples delitos hacia mi persona, entre ellos los de extorsión, coacción, estafa y amenazas”, refirió Teves, que en 2010 fue denunciada por Carolina Severini, quien actuó con el asesoramiento de los abogados Ana Lucía Jiménez y Edmundo Javier Jiménez, hijos del ministro público fiscal Edmundo Jiménez. El caso ingresó a la entonces fiscalía de Guillermo Herrera (renunció en 2015 en parte por las repercusiones de este expediente). Teves dijo que en condiciones totalmente irregulares fue detenida junto a tres familiares directos y que, en la cárcel, se vio en la obligación de autoincriminarse y de renunciar a sus derechos sobre el patrimonio valuado en U$S 5,3 millones que había dejado al fallecer su pareja y el padre de Carolina Severini, Augusto Severini.

Teves manifestó a la JEP que Falú se encargó de llevar adelante la negociación con los letrados de su denunciante. “Me obligó a firmar una documentación para transar mi libertad configurándose el ardid de estafa del que fui víctima en ese momento de vulnerabilidad”, expresó. Pese a que, después de entregar el patrimonio, salió de la cárcel junto a sus parientes, sigue acusada de haber liderado una supuesta asociación ilícita. En septiembre de 2015, la fiscala Adriana Giannoni (N°8) recibió el caso por orden del ministro público Jiménez y requirió el juicio oral, pero pasaron dos años y ningún juez de Instrucción se pronunció sobre el pedido. La propia Teves exigió en reiteradas ocasiones ir a juicio para probar su versión de los hechos. Sus posteriores denuncias contra Jiménez, sus hijos, Herrera y Falú no avanzaron. Tampoco fue esclarecida la denuncia del Colegio de Abogados de la Capital que menciona al caso “Teves” como ejemplo del obrar extorsivo de la Justicia penal.

“Esa señora es una máquina de mentir. Jamás se acogieron sus falsas denuncias, ni se lo hará en este caso. Sólo busca difamar alentada por ciertos sectores y por intereses espurios”, opinó Falú tras una consulta de LA GACETA. Y agregó que las energías de su lista estaban centradas en hacer conocer a los colegas la propuesta de luchar desde todos los ámbitos posibles para mejorar las pésimas condiciones actuales de trabajo. “El ejercicio profesional se ha vuelto un camino de espinas y queremos revertirlo. Con ellos es nuestro compromiso”, expresó.

La JEP debe tomar una decisión respecto de la impugnación contra Falú. Conforman ese órgano Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán; Julio Silman, titular subrogante de la Legislatura, y el ministro público Jiménez, quien no fue recusado.