MADRID/BARCELONA, España.- El Gobierno catalán afirmó que no atenderá el requerimiento del Ejecutivo español para que revoque antes de mañana la simbólica declaración de independencia de la semana pasada, lo que podría dar paso a medidas extraordinarias de intervención en la región.
“El jueves no diremos nada diferente a lo que dijimos el lunes”, anticipó el portavoz del Gobierno catalán. Hacía referencia con ello al contenido de la carta enviada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. Este último había emplazado a Puigdemont para que aclarase si había declarado la independencia de Cataluña. “Nuestra apuesta sigue siendo el diálogo ¿Quieren sentarse a hablar?”, preguntó el portavoz Jordi Turull al Gobierno español en una conferencia de prensa que coincidió con el ingreso a prisión de los líderes de dos asociaciones independentistas.
Turull dijo que la decisión del lunes de la Audiencia Nacional forma parte del “asedio” y “linchamiento” del Estado español hacia los agentes independentistas en Cataluña y añadió que el Gobierno catalán no cederá.
“La rendición no forma parte de ninguno de los escenarios de este gobierno”, señaló.
A la vez, pidió que las movilizaciones convocadas en defensa de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los líderes independentistas detenidos, sean pacíficas: “No hay que caer en las provocaciones desde los distintos resortes del Estado”.
En las primeras concentraciones de la jornada, preparatorias de la marcha que se realizaría a la noche, centenares de personas se manifestaron frente a sus puestos de trabajo con carteles en los que podía leerse “Libertad presos políticos”.
El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, dijo que “presos políticos no son, porque la prisión decretada tiene que ver con la comisión de un delito”.
Los próximos pasos
El Tribunal Constitucional español dijo ayer que es nula la ley del referendo, aprobada por el gobierno catalán el 6 de septiembre para celebrar una votación sobre la independencia, que se realizó el 1 de octubre.
La crisis catalana encara días decisivos, en los que la respuesta que ofrezca Puigdemont al Gobierno español determinará los siguientes pasos
Mañana, a las 10 de España (las 15 de Argentina), finaliza el plazo otorgado por el Gobierno de Rajoy a Puigdemont para que dé marcha atrás con su plan independentista y restaure la legalidad en Cataluña.
En caso de que el líder independentista siga adelante, Rajoy activaría el artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno tomar “las medidas necesarias” para obligar a una región a cumplir sus obligaciones.
En ese caso, el Ejecutivo español tendría que aprobar las medidas que considere oportunas y presentarlas al Senado.
El viernes, el Consejo de Ministros podría aprovechar su reunión ordinaria para aprobar las medidas a enviar al Senado junto con los requerimientos remitidos a Puigdemont y las respuestas del líder catalán.
La Taula per la Democràcia, una plataforma catalana que aglutina a entidades, asociaciones y sindicatos, convocó una manifestación para el sábado en Barcelona bajo el lema “a favor de la derechos y las libertades”.
Para el 26 y 27 de octubre, según especulan fuentes parlamentarias, el Senado podría convocar a un pleno extraordinario para dar el visto bueno a las medidas planteadas por el Ejecutivo. (DPA)