MADRID/BARCELONA, España.- El ex vicejefe del Gobierno catalán Oriol Junqueras y siete ex consejeros fueron enviados ayer a prisión preventiva, sin fianza, tras declarar en la Audiencia Nacional de Madrid por presuntos delitos vinculados al plan soberanista, lo que profundiza la crisis institucional, sin precedentes en España.

Todos los miembros del “Govern” destituido estaban citados a declarar ayer como investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación por el plan soberanista y la votación del “Parlament” en Barcelona, aunque sólo nueve acudieron a la cita. Puigdemont se quedó en Bélgica con los otros cuatro ex consejeros.

Según los medios españoles, la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, que dictó esa medida, prepara una orden europea de detención para el ex president Carles Puigdemont y los cuatro consejeros que están con él en Bélgica desde el fin de semana.

Si se confirma ese paso, el único de los 14 ex miembros del “Govern” que podría quedar en libertad es Santi Vila, al que la jueza dictó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros. Vila renunció como consejero de Empresa horas antes de que el “Parlament” en Barcelona aprobara la creación de una república soberana.

La medida encontró rápida respuesta en organizaciones separatistas. La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural llamaron a la movilización permanente y hablan de un paro nacional.

El diario español “El País” consignó que la concentración de ayer ante el Parlament fue de 20.000 personas. Los manifestantes reclamaron la libertad de los 10 “presos políticos”, los ocho ex consejeros y Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de la ANC y Òmnium.

Puigdemont pidió, desde Bruselas, en una comparecencia grabada, “el fin de la represión política y la liberación de los consejeros”.

“Hoy encarcelan al Govern legítimo de Cataluña. Hoy encarcelan la democracia. Pero no saben que es imposible encarcelar la libertad”, escribió Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido independentista socio en el ex Gobierno de Puigdemont, en Twitter.

“Han violentado la libertad del pueblo y quieren acabar con el autogobierno”, dijo Agustí Alcoberro, vicepresidente de la ANC, quien calificó las detenciones como un “drama nacional”.

Crida per la Democràcia convocó el miércoles a la noche a un cacerolazo; a participar ayer en concentraciones y a una marcha el 12.

Los “comités de defensa de la república” abogaron por una protesta “constante, contundente y pacífica”. Carles Riera, de la CUP, socia del destituido gobierno catalán, llamó a responder con “huelga general y movilización masiva”.

Incluso Pablo Iglesias, líder del izquierdista Podemos (que rechaza la independencia pero apoya un referéndum soberanista en Cataluña), denunció la existencia de “presos políticos”. “Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores”, escribió en la red social.

Ante el Parlament, los manifestantes mostraron bufandas con el lema “libertad de presos políticos” y lanzaron gritos a favor de la huelga general: “somos república”, “Puigdemont es nuestro presidente” o “es una estafa esta Europa”.

“Llenad las cárceles, que seguiremos llenando las calles”, decía uno de los carteles.

Los actores Joel Joan y Carme Sansa leyeron el manifiesto en el que exigieron la excarcelación de los políticos y la retirada de la aplicación del artículo 155. El texto califica de “ilegítimas” las elecciones del 21-D pero avisa de que el independentismo concurrirá para que Ciudadanos, PSC y PP no las usen, consignó “El País”.

En la concentración estuvieron simpatizantes de partidos secesionistas y de los que no lo son, como el vicealcalde de Barcelona, el tucumano Gerardo Pisarello.

“La detención del Govern cambia absolutamente todo. Algunos hace días que lo teníamos muy claro. La población tiene que dar una respuesta enorme que haga temblar al Estado”, afirmó el líder de Podem, Albano Dante Fachin.

Las protestas se repitieron en varias ciudades de Cataluña. En Girona, en la plaza del Vi, se reunieron 15.000 personas, según la Policía Municipal. En Lleida, protestaron otras 3.000 y en Tarragona y Reus, 8.000. (DPA-Especial)