Siete peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Ministerio Público Fiscal de la Nación y de la Defensoría General de la Nación llegaron a la conclusión unánime de que el patrimonio del ex juez federal N°2, Felipe Terán, tuvo aumentos injustificados durante el período 1999-2005. El imputado, por su parte, presentó una peritación que sostiene la licitud de los incrementos registrados (se informa por separado). El ex magistrado destituido por mal desempeño y luego condenado por maniobras con títulos públicos -mediante un fallo que aún no está firme- será el primer funcionario de la provincia juzgado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. El juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) está programado para el 15 de noviembre, y en él intervendrán los magistrados Gabriel Casas, Alicia Noli y Juan Carlos Reynaga (reemplaza a Carlos Enrique Jiménez Montilla, que se excusó).

El informe que complica a Terán fue elaborado por el Cuerpo de Peritos de la Justicia Nacional Especializado en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública. Este documento analiza los movimientos del patrimonio del ex juez N°2 de Tucumán y, a partir de ese estudio, sostiene que este no puede justificar aumentos de bienes ni consumos (gastos) en los años investigados, con la excepción del 2000. La prueba de los gastos informados es clave para justificar los incrementos patrimoniales registrados en cada ejercicio porque el patrimonio inicial más la renta equivale al patrimonio final más el consumo. El monto total de dinero carente de respaldo asciende a $ 550.000 o U$S 183.000 según la cotización del dólar en diciembre de 2006.

El mayor salto de ingresos injustificados se dio entre 2003 y 2004, según la peritación practicada por los contadores Oscar Fernández, Rubén Miguel Pappacena y Abel Guillermo Britos (por la Corte de la Nación); Aída Judith König, Nicolás Scher y Gloria Raquel Acevedo Villalba (por el Ministerio Público), y Ana Celina Attademo (por la Defensoría General). El informe indica que Terán tuvo ingresos injustificados por $ 1.614 en 2003: al cierre del ejercicio siguiente, ese monto ascendió a $ 257.000.

En el período 1999-2005, Terán adquirió cinco inmuebles (uno en la provincia de Buenos Aires; tres en San Miguel de Tucumán y uno en Raco), y dos vehículos (un Mercedes Benz C250 y una camioneta Toyota Hilux), y vendió una propiedad en la capital del país y dos autos (un Renault Twingo y otra camioneta Toyota). Su familia vivía de los salarios del juez y de la jubilación de su esposa, Luisa Chiarello. Además, tenía un préstamo del Banco Nación. La peritación detectó irregularidades en los montos de los instrumentos de transferencia de propiedades; falta de acreditación de una suma atribuida a Chiarello en concepto de retiro voluntario y la existencia de ingresos por alquileres sin respaldo documental.

La investigación del presunto enriquecimiento ilícito de Terán se remonta a 2003, cuando el entonces fiscal provincial Héctor Abraham Musi presentó una denuncia en represalia por la causa abierta en el Juzgado Federal N°2 que lo conectaba con la venta de vehículos 4x4 robados. Musi, que luego se arrepintió de incriminar a Terán (pero ya no pudo detener el proceso penal), dijo que el entonces magistrado poseía numerosos inmuebles y vehículos imposibles de justificar con el ingreso que percibía por su función en la Justicia Federal.

Según otro informe, todo está justificado

Un perito convocado por el ex juez federal N°2, Felipe Federico Terán, concluyó que sus números cierran y que no hay aumentos patrimoniales incausados durante el período 1999-2005. El informe técnico del contador Ricardo Augusto Sal controvierte las conclusiones de siete peritos de organismos judiciales de la Nación. Estos profesionales detectaron incrementos injustificados por $ 550.000 (o U$S 183.000 según la cotización de 2005) tras estudiar las movimientos del patrimonio del ex juez (se informa por separado). Las diferencias entre ambas peritaciones serán ventiladas en el juicio oral previsto para el 15 de noviembre, el primero por el supuesto enriquecimiento de un funcionario que se desarrolla en esta provincia.

Sal analizó el activo, el pasivo, los ingresos y el consumo declarados por el ex juez imputado, y en cada caso explicó cómo debían ser considerados y por qué había discrepancias con otras pruebas técnicas acumuladas en la investigación. Sucede que los criterios de las valuaciones varían y que las declaraciones juradas disponibles en el expediente aportan datos incompletos. Por ejemplo, no es sencillo determinar el patrimonio inicial de 1999 porque, según la Administración Federal de Ingresos Públicos, no hay manifestaciones de bienes registradas a nombre de Terán en el ejercicio 1998. Pero también existen distintas visiones entre los que sí detectaron anomalías. En 2015, el fiscal Carlos Brito y el juez Daniel Bejas sostuvieron que el incremento injustificado ascendía a $ 874.760 (U$S 291.586), es decir, $ 325.000 más que el advertido por los peritos de la Nación.