La Cámara Federal porteña dejó firme el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por la firma del Memorando de Entendimiento con Irán en el marco de la causa que investiga el atentado a la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994, en el que murieron 85 personas.

La senadora nacional está acusada de haber intentado exculpar a los sospechosos iraníes de haber planeado el ataque mediante la firma de ese acuerdo internacional con la república islámica.

Cristina apeló su procesamiento por la causa AMIA

Sin embargo, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah revocaron la calificación de supuesta traición a la patria. Eso sí, avalaron la imputación del delito de encubrimiento agravado y mantuvieron las prisiones preventivas que había dictado el juez Claudio Bonadio, incluida la del canciller Héctor TImerman, a quien se le impuso prisión domiciliaria.

"Es un gran circo", dijo Beatriz Rojkés sobre el pedido de desafuero de Cristina

Esto equivale a que sigue vigente también el pedido de desafuero de la ex mandataria ante el Senado, así como también las detenciones de Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia y candidato a vicepresidente por el Frente para la Victoria en 2015; del piquetero Luis D‘Elia, del ex líder de Quebracho, Fernando Esteche; y de Jorge Alberto Youssef Kahlil, sospechado de ser un agente iraní.

Los acusados habían sido procesados por Bonadio por la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto el 18 de enero de 2015, en vísperas de concurrir al Congreso a exhibir las pruebas sobre las que había basado su acusación. Están señalados como los presuntos autores de orquestar un plan criminal para levantar los pedidos de captura internacional que rigen contra medida docena de iraníes sindicados como los supuestos autores intelectuales del ataque a la AMIA.

Nisman, el fiscal Gerardo Pollicita (investigó luego el caso) y Bonadio entendieron que el plan fue realizado a partir de la firma del acuerdo secreto con Irán para que un comité de expertos (al que se identificaba como “Comisión de la Verdad”) revise las pruebas contra los acusados. A la vez, se comunicaba a Interpol que estaba en vigor este pacto. Las “circulares rojas”, sin embargo, nunca fueron “desactivadas”, según confirmó la propia Interpol.

“Un gran disparate”

El pasado jueves 7, Bonadio había procesado a la ex presidenta. Su pedido de desafuero para que se haga efectiva la prisión preventiva fue fundamentada por el juez federal en el hecho de que, debido a sus contactos, la ex jefa de Estado “puede entorpecer la causa”.

Cabe recordar que la causa se reactivó luego de que se difundiera una conversación del ex canciller Timerman con un directivo de la AMIA. En ese diálogo, el entonces titular del Ministerio de Relaciones Exteriores habría revelado que el gobierno kirchnerista conocía la presunta responsabilidad del régimen iraní en el atentado.

La figura de traición a la patria con la que Bonadio la acusó entonces tiene una pena mínima de 10 años de cárcel y una máxima de 25 años o reclusión perpetua.

En octubre, tras su última declaración en Comodoro Py, la ex mandataria había culpado al Gobierno de Mauricio Macri de llevar adelante una persecución política en contra de la oposición. “Es un gran disparate jurídico”, había aseverado. “La única traición a la patria es utilizar a un Poder Judicial para perseguir a los opositores”, había agregado.

“Quieren un Parlamento sumiso, quieren que voten los que ellos quieren. Pero conmigo no lo van a lograr”, agregó esa vez. (Télam, La Nación.com e Infobae.com)