La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) resolvió ampliar los usos posibles para los ahorros de sucesivos presupuestos que mantiene en el banco, y que hasta el mes pasado superaban los $ 120 millones.

Hasta ahora, esos fondos -habilitados por la ley 6.930, de Excedentes Financieros- estaban previstos “principalmente a la adquisición de amoblamiento, hardware y accesorios para nuevos edificios y equipamiento asignado a las salas de juicios orales”. Ahora, a través de la acordada 1.430, dictada el 14 de este mes, el alto tribunal habilitó otros dos posibles destinos para la aplicación de esos recursos.

El primero refiere “a la atención de las necesidades de bienes y/o servicios, tramitadas mediante procedimientos de compras iniciados en el ejercicio económico anterior”. El segundo, en tanto, amplía el margen de maniobra del máximo tribunal, ya que habilita el uso de los excedentes financieros para “reforzar el financiamiento necesario para el cumplimiento de las políticas emanadas de esta excelentísima Corte para la prestación del servicio de justicia e inversiones atinentes a su modernización”.

La acordada lleva las firmas de Daniel Posse (presidente), René Mario Goane, Antonio Gandur y Antonio Estofán -la vocal Claudia Sbdar se encontraba en comisión-, y va en línea con lo dispuesto por la ley 6.930.

Gracias al sistema de excedentes financieros, la Justicia provincial, el Poder Legislativo y el Tribunal de Cuentas pueden retener los fondos presupuestados y no desembolsados de un ejercicio, y usarlos en un período posterior como “refuerzo extrapresupuestario”, de modo discrecional.

Los tres órganos contemplados por la ley 6.930 hicieron uso de esa facultad. La Legislatura encabeza el ranking, con casi $ 190 millones ahorrados en los últimos tres años. Según el vicegobernador Osvaldo Jaldo, esos fondos son producto de una gestión “austera” y serán aplicados en caso de emergencia para garantizar el pago al personal. El Tribunal de Cuentas, en tanto, tiene excedentes financieros por $ 31 millones. Según el presidente del ente de control, Miguel Terraf, serán utilizados para terminar los siete pisos de la nueva sede de calle San Lorenzo al 300.

El Poder Judicial, con más de $ 120 millones en sus ahorros, había limitado el uso de sus ahorros a través de la acordada 1.313, dictada en noviembre pasado.

El alto tribunal -el único de los amparados por la ley 6.930 que guarda parte de sus ahorros en plazo fijo- tenía planeado gastar esos recursos en equipar los tribunales. Pero dictó un nuevo instrumento “a los efectos de la adecuada aplicación” de los fondos.

Si bien la Corte amplió los posibles destinos de los excedentes financieros, también incluyó medidas que le dan mayor publicidad a las erogaciones.

“En la totalidad de expedientes administrativos en los cuales se fueran a disponer fondos de esta cuenta (de excedentes financieros), deberá agregarse el informe de disponibilidad presupuestaria del gasto a afrontar y el informe del saldo bancario de la cuenta de Excedente Financiero”, señalaron los jueces firmantes.

Además, cada seis meses, la Secretaría Administrativa de la Corte “elevará un informe detallado de los movimientos de la citada cuenta (bancaria del Banco del Tucumán-Grupo Macro), es decir, respecto de lo autorizado y lo ejecutado. Asimismo, detallará el importe correspondiente al capital e intereses de depósitos en plazo fijo de esos fondos”.

Ahora, resta ver qué capacidad de ahorro tuvieron la Justicia, la Legislatura y el Tribunal de Cuentas en 2017. Si guardan remanentes presupuestarios al finalizar este ejercicio, engrosarán sus cuentas bancarias de excedentes financieros de cara a 2018.