El oficialismo del Poder Legislativo tiene más reformas judiciales en agenda para 2018.

Una de las que promete generar repercusiones políticas es el rediseño y la ampliación del tribunal que revisa todas las investigaciones del fuero penal de la provincia.

En el marco de los trámites para instaurar el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT), el peronista Marcelo Caponio, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y apoderado local del PJ, elevó un proyecto de ley que propone cambiar la actual Cámara de Apelaciones en lo Penal, que hoy cuenta con tres vocales, para conformar el Tribunal de Impugnación, que en el futuro inmediato pasaría a tener seis jueces. A largo plazo, está previsto que ese órgano cuente con 12 miembros para el Centro Judicial Capital, y con otros seis para Monteros y Concepción.

Con el objetivo de agilizar los procesos de designación de los nuevos vocales, Caponio -que rubricó la iniciativa junto a las peronistas Stella Maris Córdoba y Graciela del Valle Gutiérrez- instó a que los concursos del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) ya en trámite para la cobertura de nueve cargos en la Cámara de Apelaciones sean entendidos “de conformidad y con la nueva denominación y competencia del Tribunal de Impugnación”, según el nuevo CPPT.

En los hechos, la ampliación de este órgano judicial permitirá un alivio en la carga laboral de los actuales camaristas, Eudoro Albo, Liliana Vitar y Enrique Pedicone. Por otra parte, también están contemplados cambios en la modalidad de distribución de expedientes, ya que los tribunales no seguirán funcionando como salas -cada una con tres miembros-, sino mediante un sistema de colegio de jueces compuesto por todos los vocales, quienes serán sorteados para actuar en los casos que surjan.

Todas estas modificaciones tendrán impacto progresivo en el régimen penal provincial. Si bien el nuevo CPPT fue sancionado en 2015, la Legislatura, a pedido de la Corte Suprema, prorrogó su implementación hasta el año próximo, de forma paulatina, comenzando por los tribunales del sur.

Según el proyecto de Caponio, los jueces de Impugnación entenderán sobre los recursos que sean planteados “contra las resoluciones de la etapa de investigación penal preparatoria, el sobreseimiento, las que decidan la aplicación de medidas cautelares, de seguridad y corrección, las decisiones que imponga o rechace una medida de coerción personal o real, de seguridad y corrección, la que acepte o denegare la aplicación de la suspensión del juicio a prueba y del procedimiento abreviado, y la decisión que autorice la aplicación de normas especiales en asuntos complejos”.

Además, según el autor de la iniciativa, también se garantizará la “doble instancia” en la otra etapa.

Si esta iniciativa avanza, quedará atrás la anterior estructura pergeñada por el oficialismo para reemplazar a la actual Cámara de Apelaciones, que apuntaba a asignar a cada vocal -Albo, Vitar y Pedicone- una respectiva sala con dos miembros más para cada una, a designar mediante concurso.