Si Ariel Ariza, camarista en Santa Fe, y presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), viviese en Tucumán, entendería por qué el Gobierno nacional decidió observar procesos en trámite en la Justicia provincial. En ello coincidieron el diputado José Cano y el legislador Eudoro Aráoz, ambos de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes cuestionaron al titular de la FAM por considerar que la veeduría en 33 procesos locales que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación vulnera la facultad de la Provincia para darse sus propias instituciones.

“Evidentemente Ariza desconoce lo qué pasa en el Poder Judicial de Tucumán. Sin veedores, por ejemplo, no estaríamos presenciando el juicio por el crimen de Paulina Lebbos porque hubo un fiscal que se dedicó a cajonear el expediente y decretó un secreto de sumario que duró más de siete años para garantizar la impunidad”, expresó Cano en una nota de prensa, en referencia al ex fiscal Carlos Albaca, que será enjuiciado por su desempeño respecto de la causa “Lebbos”. Albaca fue desplazado de ese caso luego del informe elaborado por Bernardo Lobo Bugeau, entonces abogado del Ministerio de Justicia de la Nación y hoy funcionario del Ministerio Público Fiscal provincial. El ex jefe del Plan Belgrano opinó que la decisión de poner veedores en determinadas causas tenía que ver con terminar con la impunidad en la provincia, no con violar la autonomía provincial. Y añadió: “José Alperovich puso a Edmundo Jiménez como ministro para que le armara un Poder Judicial a medida. Primero derogó el Consejo de la Magistratura que había en 2003; luego, jubiló decenas de jueces y fiscales con el 82% móvil, y designó magistrados a dedo. Alperovich tenía un plan para tener un Poder Judicial que le garantizara su impunidad y eso se vio reflejado al final cuando puso a Jiménez como jefe de todos los fiscales de la provincia”.

Aráoz por su parte expresó que las declaraciones del presidente de la FAM eran complacientes con un sistema y un partido que colonizó y adulteró al Poder Judicial. “Se opone a los veedores que en modo alguno afectan la independencia de los magistrados y son una consecuencia del reclamo de la sociedad. Ariza evidentemente no conoce lo que pasa en Tucumán”, insistió en un mensaje remitido a esta diario. El legislador opositor también reprochó la apreciación de Ariza sobre los jueces subrogantes externos o transitorios que promueve el oficialismo provincial. “Miró para otro lado cuando le preguntaron sobre los magistrados que carecen de estabilidad y, peor aún, guardó silencio cuando respondió acerca de si los jueces nombrados antes de enero de 2017 debían pagar el impuesto a las ganancias. Su posición en ese tema lo muestra defendiendo privilegios inadmisibles”, reprochó.

En su primera visita a la provincia como titular de la FAM, Ariza rechazó la veeduría que llevan adelante desde finales de diciembre dos abogados de la Nación, Ana Colombres Garmendia y Juan Roberto Robles. En una entrevista concedida a LA GACETA en la Asociación de Magistrados de Tucumán, el dirigente dijo que los jueces tenían que rendir cuentas y ser transparentes, pero, para eso, había que usar los mecanismos locales correspondientes. “Hay diversas alternativas y las provincias disponen de recursos suficientes. En términos procesales incluso se puede llegar a la revisión del caso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sugirió Ariza este jueves, luego de entrevistarse con el gobernador Juan Manzur y los vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.