Mientras recrudecen las quejas entre pequeños comerciantes por el aumento de costos que implica para ellos la obligatoriedad de aceptar pagos con tarjetas de débito desde el inicio de este mes, prestadores de servicios y profesionales no tienen claro si son alcanzados por la medida que dispuso la AFIP para estimular las ventas y combatir el comercio ilegal.
El Gobierno eligió el gradualismo para concretar su intención de que todos los comercios y prestadores de servicios del país acepten tarjetas de débito. Ya había sido escalonado el cronograma que por más de un año fue tornando obligatoria la aceptación de los plásticos y que concluyó el domingo último con la incorporación de los monotributistas de clases A a E, que son los que faltaban.
Según se informó, los infractores enfrentarán multas que pueden ir de los $ 300 a los $ 30.000. Y, en caso de reincidir, podrían ser clausurados. La gente ya puede denunciar los casos en la web de la AFIP.
Además de las quejas por los costos de las comisiones del POS (el dispositivo que se utiliza para efectuar pagos con tarjetas), hay profesionales, como los martilleros, que no saben si están alcanzados por la disposición, o los contadores, que se oponen a contratar el servicio.
Armando Lorenzo, vicepresidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, es claro: "El servicio de los profesionales en Ciencias Económicas no es un servicio a un consumidor final. No es un negocio en el que se vende algo y el que lo compra lo consume. No son servicios de carácter masivo, es un servicio personal". En esta línea, interpreta que la aplicación de la media para ellos "no corresponde".
Costos
Claudio Caputo, titular del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, enfatizó en que los profesionales de este rubro apoyan "toda medida que fomente la transparencia de la economía", aunque remarcó: "tampoco se le puede trasladar a la sociedad los costos" del blanqueamiento.
"El escribano tiene una función pública y es un agente de retención de impuestos. Trasladar esas cargas al bruto de una transacción sería un error. No se le podría trasladar el costo bruto de esa transacción porque no representaría el acto en sí mismo", sostuvo. Y señaló que "hay que encontrar mecanismos que faciliten la operatoria".
"El notariado acepta pagos por transferencia y eso es un claro ejemplo de contribuir a la transparencia de la economía. También se están trabajando convenios con instituciones financieras para bancarizar la mayor cantidad de operaciones y de obligaciones del escribano", completó Caputo.
Por último, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, coincidió en que "el profesional no es un prestador de consumo masivo, no es un comerciante".
"Me parece que está hecho para grandes estudios con una facturación importante, no me suena que sea lógico para el pequeño profesional de cualquier carrera, que hace operaciones pequeñas. Haberlo generalizado es, cuanto menos, apresurado", afirmó y aclaró que primero van a pedirle al Gobierno que haga la excepción y, si no la hace, irán por la vía judicial.
Costos
¿Pero cuánto le cuesta realmente a un trabajador implementar este sistema? Según el sistema elegido, es posible pagar hasta $ 42 por cada $ 1.000 que se cobran.
Para aquellos oficios que trabajan en la calle como taxistas, albañiles o remises, la opción más práctica es utilizar un lector que se encastra en el teléfono móvil y permite procesar tarjetas de débito. Si se usa el de Mercado Pago, ofrecido bajo la marca "Point", el dispositivo cuesta $299 y ese valor se paga por única vez. No tiene costo de alquiler mensual para el cobrador, pero las comisiones que la empresa retiene en cada operación son un poco más altas.
Para operaciones con tarjeta de débito, la firma acaba de reducir el cobro por operación a 4,22% con el IVA incluido. Es decir, que se paga una comisión de $ 42 por cada $ 1.000 que se venden.
Fuentes: Clarín - Iprofesional - La Nación