La inflación no sólo afecta la vida cotidiana de los ciudadanos. La suba generalizada de precios también impactó en la capacidad operativa de las 93 comunas rurales de la provincia.

Esta situación, descripta por legisladores del oficialismo, llevó a la comisión de Asuntos Municipales y Comunales del Poder Legislativo a emitir un dictamen favorable en un proyecto de ley que propone actualizar el margen de compras y contrataciones directas y de entrega de subsidios en los gobiernos locales.

“El Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) publicó una variación del índice de precios al consumidor (IPC) de un 127,4% entre 2013 y 2017, incluyendo los períodos no medidos pero estimados con otros índices durante los primeros meses de la presidencia (Mauricio) Macri. (Los montos) deben ser actualizados, dándole un suficiente margen de maniobra al comisionado conforme a los índices oficiales”, argumentaron los legisladores Osvaldo Morelli, Eduardo Cobos, Luis Morghenstein, Irene Graciela Medina y Juan Enrique Orellana, todos del bloque Tucumán Crece-PJ.

La iniciativa, que desde el viernes está en condiciones de ser llevada al recinto, contempla nuevos valores para las compras y contrataciones directas, que pasarán de los $8.000 actuales a un tope de $18.200; para la convocatoria de concurso de precios, pasará de $20.000 a $45.600; para las licitaciones privadas, pasará de $30.000 a $68.400; y desde esta última cifra en adelante, deberán celebrar licitaciones públicas.

También se registrará un incremento en las cifras máximas para la entrega de ayudas económicas. Para “personas de escasos recursos”, el tope pasará de $1.000 a $2.280; y para “entidades de bien público”, de $5.000 a $11.400. Al igual que en la normativa original, vigente desde 2004 y modificada en 2012, se faculta al Ministerio el Interior a “instrumentar la forma de implementar el otorgamiento y la rendición” de estos subsidios desde las comunas.

Valores desestimados

La comisión de Asuntos Municipales y Comunales, que preside Orellana, desestimó los valores propuestos en otro proyecto del propio oficialismo, que llevaba las firmas de Luis Espeche, César Dip, Ramón Santiago Cano y Ramón Roque Cativa. Si bien los peronistas consideraron que la iniciativa era razonable, se inclinaron por guiarse por los incrementos porcentuales establecidos por el Indec, en lugar de tomar las subas registradas en los productos usualmente requeridos por las comunas rurales.

“Los delegados comunales no escapan a la inflación. Esto se ve reflejado en ejemplos simples. En enero de 2013, el precio del combustible era $6,58; en enero de 2018, de 20,80. Por lo tanto, se observa un incremento del 581%”, destacaron Espeche y sus pares. Consignaron además otras subas en ese período, como en las “cubiertas de camión radial 295/80/25 lisa” (235%), en la “compra de cemento” (437%), y en el “cargo fijo en energía eléctrica” (781%). Completaron este cuadro con el “precio dólar”, que -según este proyecto- registró un aumento del 416% entre diciembre de 2012 ($4,92 por dólar) y el 11 de abril de 2018 ($20,50 por dólar).

Sobre la base de estos datos, los autores del proyecto que no llegará al recinto apuntaban a ampliar en un 400% el margen promedio para las compras directas, las licitaciones y la entrega de subsidios en las comunas.

A diferencia de los municipios -que cuentan con autonomía administrativa y financiera por disposición constitucional-, las gestiones de los delegados comunales tienen la supervisión del Tribunal de Cuentas (TC).

Una vez que la comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura fije la fecha de la próxima sesión, las comunas tendrán una nueva escala para llevar a cabo este tipo de operaciones.