Eudoro Aráoz, legislador de la UCR, dijo que el gobernador Juan Manzur incurría en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al no cubrir tres fiscalías de Instrucción en lo Penal de la capital. Según el opositor, el nombramiento de jueces, fiscales y defensores oficiales es un derecho del Poder Ejecutivo, pero también una obligación. “Es evidente que Manzur no quiere designar como fiscal al candidato Pedro Gallo, que integra las tres ternas recibidas hace un año porque considera que el postulante no servirá al poder político ni responderá a la corporación oficialista, y será independiente”, opinó. Aráoz añadió que ello se comprobaba fácilmente al ver la actitud indiferente del ministro público fiscal, Edmundo Jiménez: “este viejo socio político del Gobierno se llena la boca diciendo que el Ministerio Público no tiene estructura suficiente para implementar el nuevo Código Procesal Penal e investigar el narcomenudo, pero, cuando llega la hora de exigir a Manzur que nombre a Gallo, guarda silencio y dice que él, justo él, no puede entrometerse en facultades propias de otros poderes. Ambos buscan una Justicia adicta y, con sus actitudes, demuestran que realmente no les importa la criminalidad imperante en Tucumán”.
El ciclo de reflexión sobre la reforma procesal civil sigue con un panel acerca de los procesos colectivos
Los especialistas Alejandro Chamatrópulos, Leandro Giannini y Javier Wajntraub expondrán en la próxima actividad de reflexión sobre la reforma procesal civil organizada por el Centro de Especialización y Capacitación Judicial del Poder Judicial de Tucumán. La mesa panel enfocada en los procesos colectivos tendrá lugar este lunes 28 de mayo a las 15 en el aula del Centro de Especialización (calle La Madrid 420 de San Miguel de Tucumán). Chamatrópulos, Giannini y Wajntraub analizarán los institutos procesales que procuran la tutela colectiva de los derechos de incidencia plural y trazar un límite a las políticas empresariales abusivas. Entre otras cuestiones, los oradores debatirán sobre la necesidad de una ley que permita regular los procesos colectivos. El ciclo de reflexión sobre la reforma procesal civil es desarrollado desde hace dos años por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
Sólo falta que el gobierno designe a sus representantes en un comité especial
A la comisión especial de seguimiento y monitoreo de la implementación del nuevo Código Procesal Penal creada en 2016 sólo le faltan los integrantes del Poder Ejecutivo. En la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dijeron que aguardaban la notificación oficial de los representantes del Gobierno para convocar a la primera reunión del comité que ha de trabajar para que sea posible transformar el ámbito encargado de investigar y sancionar el delito. Esta semana, la Legislatura que preside el vicegobernador Osvaldo Jaldo comunicó que sentará en la comisión a los legisladores oficialistas Marcelo Caponio, Javier Pucharras y Sandra Mendoza, y a los opositores Alberto Colombres Garmendia y José María Canelada (Stella Maris Córdoba y Sara Assán actuarán como suplentes). Representarán al Poder Judicial dos vocales de la Corte, Antonio Estofán y Antonio Gandur, y el ministro público fiscal, Edmundo Jiménez. Los colegios de abogados designaron a Arnaldo Ahumada y al suplente Diego Lammoglia (por la capital), y a Ángel Fara y al suplente Cristian Fernández (por el sur).