Damnificados en desarrollos inmobiliarios, que en muchos casos iniciaron litigios civiles y procesos penales con denuncias de estafa contra la empresa constructora Grandi, marcharon por el microcentro y se concentraron en San Juan al 200, donde la firma tiene sus oficinas comerciales.
La intención de los interlocutores de las 1.500 familias afectadas -según estiman-, fue reiterar sus reclamos por el presunto incumplimiento de los contratos por parte de la edificadora, referidos a la entrega de las unidades habitacionales (departamentos y casas). “Nos sentimos literalmente estafados. Nosotros completamos el compromiso de pago, esperamos más tiempo del estipulado para la entrega de los departamentos y, hasta hoy, no obtuvimos nada”, remarcó Graciela Salazar, damnificada y representante de quienes abonaron por las unidades de la torre proyectada en 9 de julio al 300. Denunció que el dueño de empresa realiza todo tipo de maniobras, como cambiar el lugar y la identificación de su oficina, para evitar las notificaciones de las autoridades municipales, provinciales y judiciales. “Para colmo, cuando le reclamamos por las demoras en las construcciones de unos 23 proyectos de edificios, el responsable técnico de la firma, Miguel de la Cruz Grandi, y su cónyuge, María Inés Jiménez Alegre, argumentan que ‘no avanzan’ porque los costos están desfasados y por eso nosotros les debemos un ‘ajuste’ en el precio contratado”, remarcó. Florencia Caram (representante del edificio de avenida Avellaneda al 400) precisó que esos retrasos en las entregas motivaron la ocupación de los departamentos.