En pleno debate en Tucumán por la propuesta del oficialismo legislativo de rediseñar la Junta Electoral Provincial, para llevar de tres a cinco el número de vocales y que sean cargos vitalicios, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior de la Nación, Adrián Pérez, consideró que la organización de las elecciones debe estar a cargo de un organismo que tenga la mayor independencia del Gobierno.

Desde hace un par de semanas, espera ser tratada una iniciativa del peronismo para que la Junta Electoral pase a ser un órgano administrativo, compuesta por cinco abogados (tres propuestos por el oficialismo y dos por la oposición). De esa manera, no habría presencia de representantes del Poder Judicial.

Mientras este debate se da en Tucumán, en la Nación se discute sobre el financiamiento de la política y de las campañas. Al respecto, el funcionario nacional explicó los alcances del proyecto que envió la Casa Rosada al Congreso para que los aportes a las campañas sean bancarizados y no se pueda donar dinero en efectivo a los partidos.

En ese sentido, negó que la iniciativa esté vinculada al escándalo por aportantes truchos a la campaña de Cambiemos del año pasado destapado por el periodista porteño Juan Amorín. Ademas, criticó que haya provincias, como Tucumán, donde no hay ninguna legislación que regule el financiamiento de campañas ni obligue a realizar balances.

- El oficialismo presentó un proyecto para que la Junta Electoral tenga cinco vocales. ¿Va en contra de la tendencia de regulación de procesos electorales del país?

- No hay una tendencia clara. Hay países que lo han resuelto con dos órganos, uno que hace la administración del proceso electoral y otro encargado del control. Uno con vinculación partidaria y el otro, más jurisdiccional. Así lo tienen México, Ecuador y Colombia. Hay otras experiencias donde directamente hay un tribunal judicial que organiza el proceso y que tiene también el control jurisdiccional, como es el caso de Brasil. No hay un modelo único. Lo que sí está claro es que lo mejor es que el órgano esté fuera del Poder Ejecutivo, que tenga autonomía e independencia, tanto del gobierno nacional o provincial. Cuanto más independiente, mejor. Porque si hay algo importante en los procesos electorales es que haya confianza. Para eso es importante alejar a quien organiza la elección del gobierno.

- ¿En qué consiste el proyecto para incrementar el control sobre el financiamiento de las campañas?

- Venimos trabajando hace más de un año con muchos sectores, con muchas organizaciones y la Justicia electoral, analizando cuestiones que se pueden modificar, que se puede corregir, para mejorar nuestra legislación electoral. Una de las cuestiones centrales es el financiamiento. Es un problema en todo el mundo cuando en la penetración de la campaña aparecen los recursos del narcotráfico o de la corrupción. En el mundo la tendencia es que los aportes estén todos bancarizados y que no haya aportes en efectivo. Así se permite la trazabilidad, identificar fehacientemente al donante. Uno de los aspectos del proyecto es que el aporte es solamente bancarizado a través de transferencias, cheques, tarjetas de crédito o débito... y se terminan los aportes en efectivo.

- ¿Significaría el fin de las cenas de recaudación? Cambiemos las utilizó mucho.

- No se terminarían las cenas, si quiere hacer una cena y que signifique un aporte no podrá hacerse con un pago en efectivo. Podrá hacerse con una transferencia bancaria, con un cheque, con tarjetas de crédito o débito, pero no más en efectivo. Avanzamos como los demás países que están en estos temas, en donde la mejor precaución es la bancarización para identificar correctamente al donante.

- ¿Se modificarán los topes para personas físicas y personas jurídicas?

- Lo que nosotros vimos en la práctica es que no ha habido una eliminación del aporte empresario o de las personas jurídicas. Lo que hubo es un aporte no declarado. Los mayores expertos en materia electoral no nos dicen que bajó el aporte de personas jurídicas, las personas jurídicas siguen aportando pero no se declara, se aporta en negro. Que es lo peor. Es mucho mejor que esté habilitado y que esté controlado, auditado por la Justicia, y que la ciudadanía sepa quién financia la campaña. Tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas se establece un límite del 2%, o sea, que sobre el total de aportes permitidos en una campaña, solamente una persona jurídica o física podrá aportar un 2%. Así se evitará que 10 empresas monopolicen el financiamiento de una campaña electoral.

- ¿Por qué se anuncia la presentación del proyecto un mes después de que el periodista Juan Amorín realizara una investigación y descubriera aportantes falsos a la campaña, que viven en villas que aseguran que no aportaron? ¿Hay una relación?

- No, pero bueno. El tema del financiamiento lo pusimos en agenda hace más de un año, y esto no es un invento. Encontrarán muchísimos recortes periodísticos en medios nacionales respecto de las reuniones que llevamos adelante en más de un año con este tema. De hecho, hace cuatro meses presentamos públicamente el primer borrador del proyecto que ahora estamos consolidando para enviar al Congreso. Ha sido un proceso largo, porque tratamos de buscar el mayor consenso posible.

- ¿Tuvieron o no relación las notas periodísticas con el anuncio?

- Esto no trata de obviar a lo que hace referencia, donde me parece que la gobernadora (bonaerense María Eugenia Vidal) ha dado la respuesta que se tenía que dar, puso la cara, apartó a la tesorera del partido y pidió una auditoría sobre el financiamiento de la campaña y obviamente que la Justicia se pronuncie lo más rápido posible la contadora María Fernanda Iza, encargada de la campaña financiera de Cambiemos, había sido nombrada por Vidal para un cargo público y le pidió la renuncia en una semana. Desde luego que en cualquier caso, si existe una irregularidad corresponde que se pronuncie prontamente la Justicia. El problema que tenemos y que tratamos de saldar con el proyecto es que la Justicia a veces se pronuncia muy tarde. La iniciativa establece plazo con un procedimiento electoral sancionador y se le dan a la Justicia los recursos humanos para llevar adelante el control. Hoy hay ocho auditores contadores para llevar adelante el control de financiamiento en todas las campañas electorales nacionales del país. Queremos llevar el cuerpo de ocho a 24. Es una forma en que los controles serán más exhaustivos.

- ¿Cómo están las provincias? Tucumán no tiene legislación que regule el financiamiento de campañas, no hay obligación de presentar balances, no se conoce cuánto se gasta...

- A nivel nacional tenemos lagunas legales, por lo que con este proyecto buscamos tapar esos vacíos. Ahora, hay una legislación nacional al menos. En muchas provincias no hay ninguna ley que regule esto, entonces es un problema, porque se agrava: no hay control. Nos parece importante que haya legislación provincial; algunas tienen muy buenas leyes, otras no tienen nada. Lo que establecemos en este proyecto es que las provincias adhieran a este régimen y las que no lo hagan al menos tengan un régimen propio, con un estándar similar al que tenemos en la nación. Es un problema que no haya legislación provincial sobre el financiamiento de campañas.