El fiscal de Instrucción en lo Penal Miguel Varela, del Centro Concepción, solicitó al juez de ese fuero, Guillermo Acosta, la competencia jurisdiccional para entender en una denuncia en contra del actual legislador oficialista y ex intendente de esa ciudad, Osvaldo Morelli (bloque Tucumán Crece), por presuntas anomalías administrativas registradas durante su gestión.

La medida es consecuencia del planteo que había formulado la asesoría letrada del actual jefe municipal, Roberto Sánchez (UCR-Cambiemos). La Intendencia había elevado a la Justicia provincial una presentación por presuntos irregularidades que involucrarían montos superiores a los $ 10 millones, según la actual administración.

Morelli, al ser consultado por LA GACETA, aseveró que ni él ni sus abogados fueron notificados sobre novedad alguna en cuanto a este proceso. “Por el momento, para mí, son sólo comentarios. De todas maneras, no hubo ni hay ningún problema con ninguno (de los asuntos denunciados)”, señaló el legislador oficialista.

Dos aspectos

Las supuestas anomalías denunciadas por la gestión de Sánchez apuntan a dos procesos puntuales.

El primero refiere a la contratación por parte de Morelli de obras por montos millonarios a la cooperativa “Miguel Lillo”. Según la administración actual, esa asociación estaba integrada por empleados del propio municipio; no habría contado con el certificado funcionamiento normal y habría carecido de una estructura real para la ejecución de obras del programa “Manos a la Obra”. Además, agrega esta versión, los trabajos eran certificados por Franco Morelli, hijo del legislador y ex candidato a intendente en 2015.

El restante procedimiento calificado como irregular refiere al cobro directo en una entidad bancaria de cuatro cheques por un monto total de $ 8 millones, a pocos días de las elecciones del 2015.

El dinero, según la presentación del equipo de Sánchez, salieron del municipio sin libramientos ni órdenes de pago. Estos habrían sido endosados para el cobro directo y, a pesar de que salió a nombre del municipio, no se imputó en la cuenta oficial. Por este hecho también fueron señalados ex funcionarios de las áreas de Tesorería y Hacienda.

Fuentes del Juzgado en de Instrucción en lo Penal a cargo de Acosta indicaron que el pedido de competencia jurisdiccional está siendo analizado. Una vez que el magistrado tome una decisión, emitirá un dictamen aceptando o rechazando la petición de Varela.

El secretario de Gobierno municipal, Julio César Herrera, señaló que la presentación ya había sido formulada ante la Justicia Federal de Tucumán, dado que estaban involucrados recursos de origen nacional, pero el juez federal Fernando Poviña había declarado la incompetencia de ese fuero. “Los escritos fueron formalizados ahora ante la Justicia Provincial. Constan de abundante documentación probatorias surgida de auditorías externas, además de otros elementos aportadas por el municipio”, aseguró Herrera, que también preside la UCR-Tucumán. “Aquí hubo una cooperativa de trabajo denominada Miguel Lillo que formaba parte de una presunta asociación ilícita que encabezó el ex intendente Morelli, y que integraron su hijo, ex empleados y funcionarios. A través de esa entidad se realizaron contratos de obras millonarios. Pero el dinero no iba a ese destino, sino a los ex empleados a través de cheques fraccionados y cobrados directamente por caja”, comentó Herrera. “Había un claro mecanismo de fraude al erario”, agregó.

En 2016, cuando Sánchez impulsó este expediente, Morelli desmintió la versión sobre anomalías. “No hubo ninguna irregularidad. Se trata de una red cloacal de 15 kilómetros de extensión. Se hizo todo como corresponde, y está certificado y auditado por la Provincia y la Nación”, dijo en esa ocasión.

Herrera sostuvo que también fue “escandaloso” el cobro en un banco de la Capital, por parte de ex funcionarios, de $ 8 millones, a través de cuatro cheques de $ 2 millones cada uno. Estos valores se libraron a la orden del municipio y desde ésta dependencia, agregó, y fueron endosados para el cobro directo. “Ese dinero, retirado por los ex secretarios de Hacienda, Sergio Muro, y de Finanzas, Ariel Mendelev, entre otros, tuvo un destino incierto. Y por éste hecho los funcionarios fueron exonerados y se les abrió una investigación administrativa. Esperemos que la Justicia provincial ahora se aboque a determinar quiénes son responsables de la maniobra y dicte las medidas correspondientes”, afirmó Herrera.