Miguel Palma se siente víctima de una persecusión política dentro del Instituto Nacional de Teatro por su rechazo a la labor del director ejecutivo, Marcelo Allasino. En diálogo con LA GACETA admite que junto a su cargo de secretario general del organismo, es docente en Santa Fe, pero aclara que no hay violación legal alguna. “No son dos cargos administrativos. Las normas exceptúan la enseñanza de la incompatibilidad, y es lo que se viene aplicando en el INT desde hace 20 años”, afirma a LA GACETA.

- ¿La pelea interna es política?

- Esto no deja de ser una actividad política, aunque involucrada con la cultura para que los teatristas reciban los beneficios que le correspondan. El diálogo es lo fundamental, porque hay ideas y criterios que se enfrentan pese a que se busque lo mismo. Pero en la gestión de Allasino no hay negociación. Cuando el Consejo de Dirección asume un criterio que él no comparte, lo tilda de corporativo y de oposición.

- ¿Cuál es el eje de la disputa?

- Nosotros estamos embarcados en una lucha importante para que la ley 24.800 se aplique como corresponde, con reparto igualitario de los recursos en todas las regiones del país para que haya un desarrollo nacional del teatro. Cuando aparecen los recortes y la falta de dinero, sufren más los que más lejos están de la Capital Federal. Que la gente no se distraiga con otros temas como mi impugnación, que la dirimiré donde corresponda.

- ¿El INT debe subsidios otorgados y no devengados a salas y a elencos?

- Según datos de mitad de año, que no están actualizados, debía $ 80 millones a la actividad teatral en su conjunto. En dos décadas nunca tuvimos un año como 2018, que a mitad de ejercicio sólo se hubiesen pagado subsidios y becas de años anteriores, sin actualizar por inflación; todavía no se pagó nada de este año. Se hace responsable a los teatristas de las demoras y se los acusa de tramitar mal los expedientes, pero cuando están completos, no aparece la plata. Hace tiempo que se administran mal los recursos.

- ¿Qué puede pasar en 2019?

- Habrá un fuerte recorte. El Estado va a recaudar el 38% más, pero habrá mucho menos para sostener la actividad según un presupuesto que no fue debatido y del que nos enteramos por los diarios.